La Oficina del Auditor del Estado de Mississippi publicó esta semana una serie de mensajes en redes sociales que retoman una cifra sobre el costo de la inmigración indocumentada al estado, la misma que un centro de análisis independiente calificó como defectuosa en su método de cálculo desde que se publicó en 2024.
La publicación coincide con el inicio del Mes de la Herencia Hispana, que se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre en Estados Unidos.
En su mensaje, la oficina del auditor Shad White repitió que, según sus propias estimaciones, al menos 22,000 personas indocumentadas viven en Mississippi y que la inmigración indocumentada le cuesta al estado más de 100 millones de dólares al año. La cifra proviene de un reporte publicado en agosto de 2024 por la propia oficina del Auditor, titulado “How Illegal Immigration Hurts Mississippi Taxpayers“. En la misma publicación, White vinculó esa cifra con la aprobación de la ley SB 2114, que criminaliza la presencia indocumentada en el estado, argumentado que el dinero ahorrado se destinará a salarios de maestros y policías, recortes de impuestos y carreteras.
De acuerdo con un análisis del Cato Institute, un centro de estudios de orientación libertaria, ese reporte se basó en gran parte en una metodología de la Federation for American Immigration Reform (FAIR), una organización creada para reducir la inmigración legal e indocumentada en Estados Unidos. Cato concluyó que el cálculo del Auditor nunca contabilizó los impuestos que pagan las personas indocumentadas en el estado, lo cual, según el análisis, hace que un resultado negativo sea el único posible, sin importar los datos reales.
El centro también señaló que la propia oficina del Auditor había producido en 2006 un reporte más riguroso, que sí restaba la contribución fiscal de la población indocumentada, y que pudo haber actualizado ese modelo en lugar de usar uno menos preciso.
No es la primera vez que la oficina de White dirige sus reportes hacia organizaciones que sirven a la comunidad inmigrante.
En mayo de 2025, su oficina nombró a Immigrant Alliance for Justice and Equity (IAJE), una organización con sede en Jackson que trabaja con comunidades inmigrantes latinas e indígenas en Mississippi, señalando gastos relacionados con un evento comunitario dirigido a la población Latinx y LGBTQ como ejemplo de mal uso de fondos públicos destinados a prevención de VIH. La directora de IAJE, Lorena Quiroz Lewis, dijo en su momento a Mississippi Today que la organización había presentado toda la documentación y los reportes financieros requeridos por el estado.
La publicación de esta semana ocurre en un momento en que White ha dicho públicamente que evalúa postularse a gobernador de Mississippi en la elección de 2027, según confirmó a Mississippi Today en diciembre de 2025.
Ese mismo año entra en vigor la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas para la Administración de Subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales de Mississippi, aprobada en la sesión legislativa de 2026, que exige auditorías de cumplimiento más estrictas a organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos estatales, entre ellas las que atienden a la comunidad inmigrante.
En Tennessee, la senadora Marsha Blackburn construye su campaña a gobernadora sobre el mismo tipo de discurso. Blackburn, candidata republicana a la elección general del 3 de noviembre, ha centrado buena parte de su campaña en promesas de deportación y mano dura migratoria. Uno de sus anuncios promete golpear económicamente a quienes llama “criminales ilegales”.
La inmigración se convirtió así en un tema central de las campañas a gobernador en los dos estados que forman el Medio Sur.
Mississippi ya aprobó en 2026 una ley que convierte la presencia indocumentada en delito estatal, con penas mínimas de cárcel. La norma entró en vigor el 1 de julio y obliga a las cárceles de cada condado a coordinar con agentes federales de inmigración antes del 1 de octubre. Esa fecha límite se acerca en las próximas semanas y definirá qué condados del norte del estado, incluidos algunos cercanos al área metropolitana de Memphis, quedarán formalmente integrados a la aplicación de la ley federal de inmigración.
