La periodista Estefany Rodríguez, de Nashville Noticias, continuará su batalla legal después de que un juez federal desestimara un reclamo en el que sus abogados argumentaron que su detención por agentes de inmigración fue una represalia relacionada con su trabajo periodístico.
Rodríguez fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 4 de marzo de 2026, en un operativo que, según sus abogados, ocurrió después de que agentes la vigilaran cuando salió de su vivienda junto a su esposo y su hija de 7 años.
La familia se movilizaba en un vehículo identificado con el logotipo de Nashville Noticias. Los agentes esperaron hasta que la pareja dejó a la menor en la escuela y posteriormente procedieron con la detención.
Para Rodríguez, el caso no se trató solamente de un proceso migratorio. Sus abogados sostuvieron ante el tribunal que las circunstancias de su arresto, la negativa inicial de concederle fianza y su traslado a centros de detención en otros estados constituían una represalia por su trabajo como periodista, incluyendo sus reportajes sobre las operaciones de ICE.
Rodríguez permaneció 15 días bajo custodia federal, en centros de detención ubicados en Alabama y Luisiana, antes de recuperar su libertad el 19 de marzo.
Durante ese tiempo, la periodista también denunció haber recibido malos tratos mientras permanecía detenida.
Sus abogados pidieron al tribunal que interviniera y emitiera una orden para impedir futuras acciones que pudieran utilizarse como represalia por su trabajo periodístico o para limitar su libertad de expresión.
Sin embargo, el juez federal Eli Richardson desestimó esas reclamaciones el miércoles.
Un punto importante de la decisión es que el juez no determinó que las acusaciones de Rodríguez fueran falsas ni concluyó que ICE no actuó en represalia por su trabajo periodístico.
La desestimación se produjo principalmente por razones procesales.
Richardson determinó que las reclamaciones planteadas por Rodríguez no correspondían al tipo de asunto que podía resolverse mediante una petición de habeas corpus, un procedimiento utilizado para cuestionar la legalidad de una detención.
Además, cuando el tribunal analizó el caso, Rodríguez ya había sido liberada, por lo que el juez consideró que la petición original había perdido objeto.
En esencia, el tribunal determinó que esa petición, presentada bajo ese procedimiento, no era la vía adecuada para obtener la amplia protección que solicitaban sus abogados.
El caso de Rodríguez ha llamado la atención porque involucra a una periodista que cubría precisamente temas migratorios y las operaciones de ICE en Tennessee.
Su detención también ocurrió mientras estaba acompañada por su familia, incluida su hija menor de edad.
Actualmente, Rodríguez permanece en libertad bajo una fianza de 10,000 dólares.
Los fiscales federales sostienen que la periodista permanece ilegalmente en Estados Unidos después de haber excedido el tiempo autorizado por su visa de turista.
Los documentos judiciales indican que posteriormente solicitó asilo, argumentando que había recibido amenazas por sus denuncias sobre corrupción gubernamental en Colombia.
Rodríguez está casada con un ciudadano estadounidense y también busca obtener la residencia permanente a través de su esposo.
El fallo del juez no pone necesariamente punto final al caso. Lo que determina es que las acusaciones de represalia y otras reclamaciones constitucionales no podían resolverse mediante la petición de hábeas corpus presentada ante ese tribunal.
Mientras tanto, Estefany Rodríguez continúa enfrentando su proceso migratorio y legal, después de haber pasado dos semanas detenida lejos de Tennessee.
Para la comunidad inmigrante y para quienes ejercen el periodismo en español, el caso plantea una pregunta que sigue sin una respuesta judicial en este proceso: ¿hasta dónde puede llegar el gobierno en sus acciones contra una persona que, al mismo tiempo, ejerce su derecho a informar y cuestionar las políticas migratorias?
