Apenas dos semanas después de que una nueva administración asumiera el control del gobierno de Shelby County, las condiciones de la cárcel de 201 Poplar vuelven al centro de una batalla legal.
Una demanda colectiva presentada este lunes acusa al condado de Shelby, a la Oficina del Sheriff y a la Comisión del Condado de mantener condiciones que, según los demandantes, violan derechos constitucionales y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
El caso llega cuando el nuevo alcalde del condado, Mickell Lowery, y el nuevo sheriff, Anthony Buckner, apenas comienzan sus primeros días en el cargo. Ambos asumieron oficialmente el 1 de septiembre.
La demanda describe una serie de condiciones que los abogados califican como graves, entre ellas temperaturas superiores a los 32 grados Celsius, ventilación deficiente, problemas de salubridad, riesgos relacionados con incendios, retrasos prolongados durante el proceso de ingreso y presuntos problemas en el tratamiento de personas con discapacidades.
Uno de los pasajes más fuertes de la demanda describe celdas donde dos personas permanecerían en espacios reducidos, comparándolas con “dos hombres en un ataúd”.
El documento también alega que algunos detenidos permanecieron durante largos períodos sentados en sillas de plástico, en algunos casos hasta 26 días, mientras enfrentaban la amenaza de ser rociados con gas pimienta.
Entre las acusaciones también aparecen referencias a derrames de combustible cerca de áreas donde permanecen detenidos, un sistema de alarma contra incendios que, según la demanda, estaba fuera de funcionamiento, aguas residuales y agua de color marrón rojizo, además de moho en las duchas.
Los abogados sostienen además que cientos de personas habrían permanecido durante meses sin acceso a luz natural.
Estas afirmaciones forman parte de la demanda y no representan, por sí mismas, una determinación judicial de que los hechos hayan ocurrido como fueron descritos.
La demanda no aparece en un vacío.
Durante los últimos años, 201 Poplar ha enfrentado críticas por las condiciones de infraestructura, seguridad, atención médica y procesamiento de personas detenidas.
Este verano, empleados de la cárcel también alertaron públicamente sobre temperaturas extremas dentro de las instalaciones. En una carta enviada a funcionarios del condado, trabajadores describieron temperaturas de hasta 88 a 95 grados Fahrenheit y señalaron problemas de salud asociados al calor.
El propio sheriff Anthony Buckner ha señalado que mejorar las condiciones de la cárcel y encontrar una solución a largo plazo para una instalación envejecida están entre sus prioridades. Durante sus primeros días en el cargo incluso permitió un recorrido de medios por las instalaciones para mostrar reparaciones y problemas pendientes.
El Sheriff’s Office señala actualmente que la cárcel está acreditada por la American Correctional Association y que el Instituto Correccional de Tennessee volvió a certificarla en diciembre de 2025. La agencia reporta además un promedio diario de aproximadamente 2,800 personas entre sus dos instalaciones para adultos.
La demanda también coloca nuevamente a Stella Yarbrough frente al condado.
Yarbrough fue una de las abogadas en la demanda colectiva presentada en 2020 contra las condiciones de la cárcel durante la pandemia de COVID-19. Ese caso terminó en un acuerdo que incluyó medidas de protección, inspecciones y monitoreo de las condiciones de la cárcel.
En aquella demanda, los abogados también habían documentado problemas relacionados con el hacinamiento y las condiciones de personas consideradas médicamente vulnerables.
Ahora, años después, el nombre de 201 Poplar vuelve a aparecer en una demanda colectiva que cuestiona no solamente una falla específica, sino un conjunto de condiciones que los demandantes consideran sistémicas.
Lowery y Buckner reciben el problema en un momento en que el condado ya analiza alternativas para el futuro de su sistema carcelario.
El nuevo sheriff ha hablado de la posibilidad de avanzar hacia una nueva cárcel y de buscar soluciones que permitan atender mejor a personas con necesidades médicas, mientras se evalúan alternativas para las instalaciones actuales.
La nueva demanda podría ahora obligar al condado a responder nuevamente ante un tribunal sobre las condiciones existentes dentro de 201 Poplar.
La pregunta que queda abierta es si las reparaciones y cambios anunciados serán suficientes para resolver los problemas que se han acumulado durante años o si el condado terminará enfrentando nuevamente una intervención judicial para garantizar condiciones adecuadas para las personas bajo su custodia.
Por ahora, el proceso apenas comienza y corresponderá al tribunal determinar cuáles de las acusaciones presentadas pueden ser sustentadas y qué medidas, si alguna, deberán adoptar las autoridades de Shelby County.
