Una nueva batalla legal se abrió este lunes en torno a la política migratoria de la administración de Donald Trump, luego de que una coalición de estados, ciudades y condados presentara dos demandas para intentar detener una nueva regla federal que amplía los criterios utilizados para determinar si un inmigrante puede ser considerado una “carga pública”.
La nueva regulación, emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), está programada para entrar en vigor este viernes 18 de septiembre y permitirá a los funcionarios de inmigración considerar, entre otros factores, el uso de determinados programas de asistencia pública al evaluar solicitudes de residencia permanente, ciertas visas y solicitudes de admisión a Estados Unidos.
Entre los programas que podrían ser considerados están Medicaid y CHIP, asistencia alimentaria como SNAP y determinados programas de vivienda.
El cambio representa una ampliación respecto de las reglas establecidas durante la administración Biden. En julio, el DHS anunció que rescindiría la regulación de 2022 y devolvería a los funcionarios mayor discrecionalidad para analizar, caso por caso, todos los factores considerados relevantes para determinar si una persona podría convertirse en una “carga pública”.
Las dos demandas fueron presentadas ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Una de ellas está encabezada por Nueva York y reúne a otros 21 estados y al Distrito de Columbia. La segunda fue presentada por Nueva York, Chicago, San Francisco, el condado de Santa Clara, Seattle y el condado de King, en Washington.
Los gobiernos demandantes argumentan que la nueva regulación excede la autoridad del gobierno federal y que genera incertidumbre sobre qué beneficios podrían terminar afectando un proceso migratorio.
También advierten sobre un posible efecto que va más allá de las personas que solicitan un beneficio migratorio: familias de estatus migratorio mixto podrían dejar de utilizar programas para los que ellas o sus hijos ciudadanos estadounidenses sí son elegibles, por temor a que esa participación termine perjudicando un futuro trámite migratorio.
Uno de los principales argumentos de los estados está relacionado con el impacto económico.
Según estimaciones citadas en la demanda, el gobierno federal calcula que la reducción de inscripciones o la pérdida de beneficiarios podría provocar aproximadamente 4,050 millones de dólares menos al año en transferencias federales para Medicaid y CHIP a nivel nacional.
Los estados que participan en la demanda estiman que podrían perder alrededor de 2,200 millones de dólares de esos fondos.
También se calcula una reducción de más de 1,000 millones de dólares anuales en fondos federales destinados a SNAP, de acuerdo con los documentos judiciales.
Los estados sostienen que, además de perder recursos federales, tendrían que asumir mayores costos administrativos y enfrentar una mayor presión sobre hospitales, clínicas, escuelas y otros servicios públicos.
Las demandas plantean que el mayor impacto podría producirse incluso entre personas que legalmente tienen derecho a recibir asistencia.
Los gobiernos locales aseguran que la incertidumbre podría provocar que familias enteras se retiren de programas de salud, alimentación y vivienda para evitar cualquier posible consecuencia migratoria.
En el caso de los hogares de estatus migratorio mixto, la preocupación aumenta cuando los beneficiarios son niños ciudadanos estadounidenses.
La coalición de ciudades y condados calcula que alrededor de 1.3 millones de personas, incluidos unos 600,000 niños, podrían verse afectadas en las jurisdicciones que participan en esa demanda.
Nueva York, por ejemplo, estima que podría registrar unas 6,000 visitas menos de atención primaria al año como consecuencia del efecto disuasorio que, según la ciudad, podría generar la nueva política.
La administración Trump sostiene que la medida busca reforzar la autosuficiencia y evitar que los contribuyentes terminen financiando a personas que puedan depender de beneficios públicos. El DHS sostiene que la nueva regla permite aplicar de manera más amplia la autoridad prevista por la ley federal.
Los estados y gobiernos locales, por su parte, argumentan que la regulación puede castigar indirectamente a familias por utilizar beneficios a los que tienen derecho y que sus consecuencias podrían extenderse a los presupuestos estatales, los sistemas de salud y los servicios públicos.
Por ahora, la disputa tendrá que resolverse en los tribunales.
La pregunta central será si el gobierno federal puede utilizar de esta manera el acceso a programas públicos como parte de la evaluación migratoria y hasta dónde puede llegar la discrecionalidad de los funcionarios al determinar quién podría convertirse en una “carga pública”.
La nueva regla está programada para comenzar a aplicarse el 18 de septiembre, pero las demandas podrían modificar su implementación dependiendo de las decisiones de los tribunales.
