Después de más de dos décadas protegiendo a miles de salvadoreños de la deportación y permitiéndoles trabajar legalmente en Estados Unidos, el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador llega este miércoles 9 de septiembre a su fecha de vencimiento.
Para una comunidad que durante 25 años construyó sus vidas en Estados Unidos bajo esta protección, el final del programa representa mucho más que la expiración de un documento migratorio: significa enfrentar nuevamente la incertidumbre sobre la posibilidad de permanecer legalmente en el país.
El TPS para El Salvador fue creado en marzo de 2001, después de los devastadores terremotos que golpearon al país centroamericano. Desde entonces, el gobierno estadounidense extendió en repetidas ocasiones la designación.
La última extensión fue anunciada en enero de 2025 y mantuvo vigente el TPS hasta el 9 de septiembre de 2026.
El gobierno estadounidense otorgó inicialmente el TPS a El Salvador debido a la emergencia provocada por los terremotos de 2001 y a la imposibilidad temporal del país de recibir adecuadamente a sus ciudadanos que regresaran desde Estados Unidos.
Durante los años siguientes, la protección fue extendida en múltiples ocasiones.
En 2018, el gobierno de entonces había anunciado la terminación del TPS salvadoreño. Sin embargo, una serie de demandas y decisiones judiciales impidieron que aquella cancelación entrara inmediatamente en vigor.
Posteriormente, en 2023, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, rescindió la terminación anterior y volvió a extender la designación.
Finalmente, en enero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional estableció la extensión que fijó como fecha límite el 9 de septiembre de 2026.
El TPS permite a las personas elegibles permanecer temporalmente en Estados Unidos y solicitar autorización para trabajar.
Pero es importante aclarar algo: el TPS nunca fue una residencia permanente ni creó por sí mismo un camino automático hacia la ciudadanía estadounidense.
Al terminar la designación, quienes no tengan otro estatus migratorio válido u otra protección deberán enfrentar las consecuencias de la pérdida del TPS.
El propio gobierno federal establece que, cuando una designación de TPS termina, los beneficiarios regresan al estatus migratorio que tenían antes de recibir TPS, si ese estatus todavía es válido, o a cualquier otra categoría migratoria que hayan obtenido legalmente y que continúe vigente.
Esto significa que la situación no será idéntica para todos los beneficiarios.
Algunas personas podrían tener solicitudes pendientes, asilo, residencia, peticiones familiares u otras formas de protección migratoria. Para otras, en cambio, la terminación del TPS puede significar la pérdida de la autorización de empleo y de la protección contra la deportación.
El final del TPS también tiene consecuencias para familias completas.
Muchos beneficiarios llevan décadas viviendo en Estados Unidos. Han comprado viviendas, abierto negocios, trabajado, pagado impuestos y formado familias cuyos hijos, en muchos casos, nacieron en este país.
Por eso, organizaciones defensoras de los inmigrantes y legisladores han pedido al gobierno federal que mantenga la protección o que el Congreso busque una solución permanente para quienes llevan décadas establecidos en Estados Unidos.
En los últimos días también se han intensificado los llamados para extender el TPS salvadoreño. Legisladores y organizaciones se concentraron frente al Capitolio para pedir una nueva extensión, mientras crece la preocupación por el futuro de aproximadamente 170,000 salvadoreños protegidos por el programa.
El debate sobre el TPS salvadoreño ocurre además en un momento de mayor presión migratoria en Estados Unidos.
La administración del presidente Donald Trump ha impulsado la terminación del TPS para varios países y ha incrementado las operaciones de control migratorio. La Suprema Corte también ha dado mayor margen al gobierno federal para terminar determinadas designaciones de TPS, aumentando la incertidumbre entre otras comunidades migrantes.
Para los salvadoreños, la pregunta ahora es qué ocurrirá después del 9 de septiembre.
La respuesta dependerá de las circunstancias migratorias individuales de cada persona, de posibles acciones del Congreso, de futuras decisiones del Departamento de Seguridad Nacional y de los procesos legales que puedan surgir.
Lo que comenzó hace 25 años como una protección temporal ante una emergencia nacional en El Salvador terminó convirtiéndose en la base migratoria sobre la que miles de personas construyeron prácticamente toda una vida en Estados Unidos.
Ahora, esa protección llega a su fin y deja abierta una pregunta que afecta no solamente a quienes tienen TPS, sino también a sus familias y a las comunidades donde han vivido durante décadas: ¿qué pasará con quienes ya hicieron de Estados Unidos su hogar, pero cuyo estatus migratorio sigue siendo temporal?
