WASHINGTON — El Departamento de Justicia anunció este lunes la creación de un Fondo contra la Instrumentalización de la Ley por 1.776 millones de dólares, luego de que el presidente Donald Trump retirara una demanda de 10.000 millones contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones de impuestos.
El acuerdo también incluye el desistimiento de otras reclamaciones vinculadas al allanamiento de Mar-a-Lago en 2022 y a las investigaciones sobre la supuesta colusión rusa. Según funcionarios federales, el nuevo fondo busca atender denuncias de personas que aseguran haber sido víctimas de persecución política o “guerra jurídica” por parte del gobierno.
La medida surge justo antes de que vencieran plazos judiciales clave en el caso del IRS. La administración Trump debía responder ante la corte sobre si existía realmente una controversia legal válida, tomando en cuenta que el propio presidente ejerce control sobre el Departamento de Justicia, entidad encargada de defender al gobierno en el proceso.
El fondo permitirá que personas indultadas por Trump tras los disturbios del 6 de enero de 2021 soliciten compensación económica con dinero público por presuntos abusos de poder. Además, el programa contempla la posibilidad de emitir “disculpas formales” a quienes presenten reclamaciones contra el gobierno federal.
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 15 de diciembre de 2028, aproximadamente un mes antes de concluir el segundo mandato presidencial de Trump.
“El objetivo es reembolsar a las personas que fueron tratadas horriblemente”, declaró Trump este lunes ante periodistas. El mandatario aseguró que no participó directamente en la creación del fondo.
Cuando se le preguntó si personas acusadas de agredir a agentes de la Policía del Capitolio podrían recibir compensación, respondió: “Eso dependerá de un comité integrado por personas muy talentosas y de gran prestigio”.
El Departamento de Justicia informó que el fiscal general designará a cinco miembros encargados de supervisar el fondo. Uno de ellos será seleccionado en consulta con líderes del Congreso. Sin embargo, el presidente tendría autoridad para destituir a cualquier integrante.
Hasta ahora, Trump no respondió si él o miembros de su familia solicitarán compensación del fondo.
Horas más tarde, el Departamento de Justicia publicó el acuerdo de nueve páginas que dio origen al programa, aunque el documento no fue presentado formalmente ante la corte.
La reacción política fue inmediata.
Un grupo de demócratas en la Cámara de Representantes calificó el fondo como “una caja discrecional de 1.700 millones de dólares” que podría utilizarse para beneficiar aliados políticos del presidente, incluyendo a los casi 1.600 acusados o condenados por el ataque al Capitolio.
El congresista Joe Neguse, demócrata por Colorado, describió la medida como “uno de los ejemplos más descarados de corrupción” de la actual administración. Mientras tanto, el representante Jamie Raskin afirmó que el plan representa “fraude puro y robo a mano armada”.
El fiscal general interino Todd Blanche defendió la creación del fondo asegurando que “la maquinaria del gobierno jamás debe utilizarse como arma contra ningún estadounidense”.
Blanche afirmó que el Departamento de Justicia busca “corregir errores del pasado” y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Por su parte, el fiscal general adjunto principal, Trent McCotter, señaló que “ninguna administración debe tolerar el uso del poder gubernamental para atacar personas o entidades por razones políticas, personales o ideológicas”.
Entre los demandantes originales figuraban Donald Trump Jr., Eric Trump y la Organización Trump, quienes también solicitaron retirar la demanda, según documentos judiciales presentados este lunes.
El equipo legal del presidente sostuvo que Trump y sus seguidores fueron víctimas de acciones ilegales impulsadas por agencias federales bajo administraciones demócratas, incluyendo el Departamento de Justicia y el IRS.
Trump y su familia presentaron la demanda en enero, argumentando que el IRS y el Departamento del Tesoro no evitaron que un exfuncionario filtrara sus declaraciones fiscales.
Tras la petición de retiro presentada este lunes, la jueza federal Kathleen M. Williams ordenó cerrar el caso y cancelar todos los plazos pendientes.
Sin embargo, expertos legales externos ya habían advertido sobre las implicaciones constitucionales del proceso. Señalaron que era un hecho sin precedentes que un presidente en funciones buscara una indemnización personal contra una agencia federal que él mismo controla.
“Este caso plantea serias preocupaciones sobre la jurisdicción y la independencia del proceso judicial”, escribieron los especialistas en documentos entregados al tribunal.
También cuestionaron si los abogados del gobierno estaban realmente “aislados” de la influencia presidencial durante las negociaciones.
Aun así, los abogados de Trump argumentaron que el tribunal ya no debía pronunciarse sobre el tema porque el caso fue retirado voluntariamente antes de que el gobierno respondiera formalmente a la demanda.
La controversia apenas comienza. Y en Washington, donde el poder y la política suelen caminar de la mano, muchos ya se preguntan quién terminará beneficiándose realmente de un fondo multimillonario financiado con dinero público.
