WASHINGTON — La detención de inmigrantes dentro de Estados Unidos llegará nuevamente al centro de una disputa ante la Corte Suprema, en un caso que podría definir si el Gobierno federal puede mantener bajo custodia a determinadas personas durante sus procesos de deportación sin permitirles una audiencia para solicitar su libertad bajo fianza.
La pregunta que deberán resolver los jueces no es si esas personas pueden ser deportadas. El punto es qué garantías tienen mientras esperan que sus casos migratorios sean resueltos.
El caso enfrenta a la administración del presidente Donald Trump con Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un inmigrante brasileño que ingresó a Estados Unidos alrededor de 2005 y que posteriormente fue detenido por autoridades migratorias.
El expediente oficial de la Corte Suprema identifica el caso como Rhoney v. Barbosa da Cunha, número 26-104. La petición del Gobierno fue presentada ante el máximo tribunal en julio de 2026, después de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito fallara a favor de Cunha.
Cunha fue detenido en septiembre de 2025 después de un control de tránsito en Norwood, Massachusetts.
Tras su detención, cuestionó ante un tribunal federal la autoridad utilizada para mantenerlo bajo custodia sin una audiencia de fianza.
Un juez federal ordenó su liberación y el Gobierno apeló la decisión.
Posteriormente, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó que Cunha podía solicitar una audiencia de fianza, rechazando la interpretación del Gobierno sobre la disposición migratoria utilizada para mantenerlo detenido. La decisión de ese tribunal fue emitida el 28 de abril de 2026.
Ahora la disputa está en manos de la Corte Suprema.
La administración Trump sostiene que una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, específicamente la sección 8 U.S.C. § 1225(b)(2)(A), permite la detención obligatoria de determinados inmigrantes que ingresaron al país sin autorización.
La interpretación del Gobierno permitiría aplicar esa disposición a personas que ya se encuentran dentro de Estados Unidos y que pueden llevar años viviendo en el país.
Los abogados que representan a los inmigrantes sostienen que esa interpretación extiende la ley mucho más allá de su propósito y que la disposición se refiere a personas consideradas solicitantes de admisión, particularmente en el contexto de su ingreso al país.
La disputa ya ha provocado decisiones diferentes entre tribunales federales. Un documento presentado ante la Corte Suprema señala que varios circuitos han rechazado la expansión de esta interpretación, mientras otros han permitido que continúe.
La diferencia es importante.
Una audiencia de fianza permite que se evalúe individualmente si una persona debe continuar detenida o si puede ser liberada mientras avanza su proceso migratorio, bajo las condiciones establecidas por las autoridades.
La posición de los inmigrantes que cuestionan la política es que no debería asumirse automáticamente que una persona debe permanecer detenida durante todo su proceso simplemente por la manera en que ingresó al país.
La administración Trump sostiene que la detención obligatoria facilita la aplicación de las leyes migratorias y evita, según sus argumentos judiciales, que personas sujetas a procedimientos de expulsión puedan eludir la custodia.
El caso de Cunha no se limita a su situación personal.
La controversia forma parte de una serie de litigios que cuestionan el uso de la detención obligatoria contra inmigrantes que fueron arrestados dentro del territorio estadounidense, incluso cuando su ingreso al país ocurrió años atrás.
La ACLU y otros grupos que representan a inmigrantes han llevado casos similares ante los tribunales. En documentos presentados ante la Corte Suprema, la ACLU sostiene que la aplicación de esta política ha generado detenciones de personas que, según sus abogados, no representan un peligro para la comunidad ni un riesgo de fuga.
La Corte Suprema tiene ahora la oportunidad de establecer una interpretación que pueda ser aplicada en todo el país.
La decisión tendrá que aclarar hasta dónde llega la autoridad del Gobierno para ordenar la detención obligatoria y, particularmente, quién tiene derecho a pedir que un juez evalúe su posible liberación bajo fianza.
El resultado podría tener consecuencias para inmigrantes que actualmente se encuentran detenidos por ICE mientras esperan que sus procesos de deportación continúen.
Para las familias inmigrantes, la diferencia no es solamente jurídica.
Una persona que permanece detenida no puede trabajar, cuidar personalmente de sus hijos ni atender normalmente sus responsabilidades familiares mientras permanece bajo custodia.
Por eso, más allá de la disputa entre el Gobierno federal y los grupos que impugnan la política, la pregunta que queda sobre la mesa es concreta:
¿Puede una persona que lleva años viviendo dentro de Estados Unidos permanecer detenida durante su proceso migratorio sin tener siquiera la oportunidad de presentarse ante un juez para argumentar por qué debería ser liberada?
La Corte Suprema deberá responder esa pregunta al resolver el caso de Cunha.
