La colaboración entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrenta un nuevo cuestionamiento en Tennessee: qué información puede conocer el público y qué instrucciones federales podrían estar limitando su divulgación.
El Consejo Estadounidense de Inmigración, la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC) y la investigadora Meghan Conley presentaron el 28 de octubre una demanda para obtener documentos sobre esas instrucciones. La acción fue interpuesta ante el Tribunal Federal del Distrito Medio de Tennessee contra ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al amparo de la Ley de Libertad de Información, conocida como FOIA.
El reclamo busca esclarecer cómo interviene ICE cuando policías estatales, departamentos de policía y oficinas de alguaciles reciben solicitudes de registros públicos relacionados con su cooperación migratoria.
Según los demandantes, la agencia federal ha indicado a las autoridades locales que deben consultar con funcionarios de ICE antes de divulgar determinados documentos, incluso cuando estos son solicitados bajo leyes estatales de transparencia.
Esa práctica, sostienen, dificulta que periodistas, investigadores y residentes conozcan el alcance de la participación policial en asuntos migratorios.
El expediente señala que los demandantes solicitaron esos documentos a ICE el 10 de agosto de 2026. Afirman que las autoridades cerraron administrativamente la solicitud sin entregar los registros requeridos, lo que motivó la acción judicial.
Los documentos permitirían conocer las instrucciones para divulgar información relacionada con contratos, detenciones, comunicaciones entre agentes y otros registros derivados de la cooperación migratoria.
El objetivo de la demanda es obtener esas instrucciones y someterlas al escrutinio público. Los señalamientos sobre sus efectos en la transparencia constituyen los argumentos de los demandantes y no una conclusión judicial.
La controversia ocurre mientras se amplían las alianzas entre ICE y las agencias policiales del estado. Según el comunicado de las organizaciones, Tennessee contaba con 163 acuerdos de colaboración a septiembre de 2026.
Para los demandantes, esa expansión hace más necesario conocer cómo se utilizan los recursos públicos, qué funciones cumplen los agentes locales y qué sucede con las personas detenidas.
Raul Pinto, subdirector legal de transparencia del Consejo Estadounidense de Inmigración, señaló que las comunidades merecen respuestas sobre el gasto de los contribuyentes, la participación policial en los arrestos migratorios y las condiciones de detención.
Spring Miller, directora sénior de Estrategia Legal de TIRRC, sostuvo que las familias de Tennessee están viviendo las consecuencias de esas políticas y necesitan información sobre las actuaciones de sus autoridades. A su juicio, el acceso a documentos básicos es indispensable para exigir responsabilidades al gobierno.
La demanda coloca bajo revisión el acceso a información sobre una colaboración que involucra tanto a autoridades federales como a instituciones estatales y locales.
El comunicado de los demandantes no incluye una respuesta de ICE o del DHS a esta acción judicial. Queda pendiente conocer su posición y la determinación del tribunal sobre la entrega de los documentos solicitados.
