Una solicitud de renovación presentada a tiempo puede no ser suficiente para evitar que un trabajador inmigrante se quede temporalmente sin autorización laboral. Para las familias que dependen de ese ingreso, la espera de una respuesta del Gobierno puede poner en riesgo el pago de la vivienda, los alimentos y otros gastos esenciales.
El Gobierno de Donald Trump convirtió en definitiva la eliminación de la extensión automática de los permisos de trabajo para determinadas categorías migratorias. La regla final entró en vigor el 14 de octubre de 2026, aunque la restricción ya se aplicaba a las solicitudes de renovación presentadas desde el 30 de octubre de 2025.
El cambio afecta una protección que permitía a ciertos trabajadores mantener su autorización por hasta 540 días mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, conocido como USCIS, procesaba sus renovaciones. Ahora, para quienes están sujetos a la disposición, presentar el trámite antes del vencimiento ya no extiende automáticamente esa autorización.
Entre los procesos afectados están las solicitudes de asilo pendientes, los ajustes de estatus para obtener la residencia permanente, las solicitudes de cancelación de expulsión y determinados casos bajo NACARA. También se incluyen ciertos cónyuges con estatus H-4, personas con autopeticiones aprobadas bajo VAWA y algunos programas de legalización. Para estos trabajadores, una renovación presentada desde el 30 de octubre de 2025 ya no prolonga automáticamente su autorización laboral.
El efecto no es igual para todos. Los refugiados y quienes ya recibieron asilo conservan la autorización para trabajar mientras mantengan ese estatus, aunque venza su tarjeta. En los casos de TPS, pueden existir extensiones especiales establecidas por ley o mediante avisos del Registro Federal. Por ello, es necesario revisar la categoría del documento y las disposiciones correspondientes antes de concluir que una persona perdió su autorización laboral.
La preocupación tiene un rostro familiar. En un reportaje publicado por N+ Univision, madres inmigrantes que solicitaron asilo describieron el temor de quedarse sin trabajo mientras esperan sus documentos. Sus testimonios reflejan una dificultad concreta: tener una renovación pendiente y, aun así, enfrentar una interrupción de los ingresos necesarios para sostener a sus hijos.
El alcance de la medida requiere precisión. No significa que todos los permisos vigentes hayan sido cancelados ni que todas las personas con una renovación pendiente hayan perdido su autorización para trabajar. El riesgo aparece cuando vence el documento y la persona depende de una autorización que no ha sido renovada ni está cubierta por una excepción.
Las extensiones correspondientes a solicitudes elegibles presentadas antes del 30 de octubre de 2025 permanecen sujetas a las condiciones aplicables. También se conservan las extensiones establecidas por ley o por avisos del Registro Federal, incluidas algunas vinculadas al Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS.
El Departamento de Seguridad Nacional defiende la restricción como una forma de reforzar las verificaciones de antecedentes antes de conceder un nuevo periodo de autorización laboral. USCIS, por su parte, recomienda presentar la renovación con la anticipación permitida, generalmente hasta 180 días antes del vencimiento.
Para las familias afectadas, el problema es que sus obligaciones económicas continúan mientras el trámite sigue pendiente. Por eso, conocer la categoría del permiso, la fecha de presentación y las excepciones correspondientes resulta fundamental antes de asumir que una solicitud en proceso permite continuar trabajando.
