La controversia por la participación ciudadana en el Concejo Municipal de Memphis llegó a los tribunales federales. El representante estatal Justin J. Pearson y otros cinco residentes presentaron una demanda para impugnar las restricciones a los comentarios públicos y las prohibiciones de asistencia impuestas después de una sesión marcada por protestas contra el aplazamiento de una moratoria sobre centros de datos.
La demanda fue presentada el 14 de octubre ante el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Tennessee. Los demandados son la ciudad de Memphis, el Concejo Municipal y su presidenta, Jana Swearengen-Washington, en su capacidad oficial. El expediente incluye una solicitud de emergencia para suspender las restricciones.
El conflicto surgió tras la reunión del 6 de octubre, cuando residentes protestaron por la decisión de posponer una votación sobre la suspensión de nuevas aprobaciones para centros de datos. Posteriormente, la presidencia del Concejo emitió cartas que prohibían a algunos participantes asistir a próximas sesiones, según informó Tennessee Lookout.
Los demandantes son Pearson; su madre, Kimberly Owens-Pearson; su hermano, KeShaun Pearson; y las residentes LaJuana Abraham, Amber Sherman y Jasmine Bernard. La Clínica de la Primera Enmienda de la Facultad de Derecho de Vanderbilt, que los representa, informó que cinco de ellos recibieron prohibiciones de asistencia.
Sus abogados sostienen que las normas permiten restringir críticas mediante términos imprecisos y conceden demasiada discreción a los funcionarios para decidir qué expresiones pueden escucharse. También alegan que las sanciones fueron aplicadas selectivamente contra personas que han cuestionado decisiones del gobierno municipal. Estas afirmaciones forman parte del reclamo de los demandantes.
De acuerdo con Tennessee Lookout, Pearson defendió el derecho de los ciudadanos a expresar desacuerdos en espacios públicos y cuestionó que las autoridades municipales utilicen sus facultades para discriminar o tomar represalias contra quienes critican sus acciones.
El medio también señaló que las reglas de decoro contemplan detener la participación de un orador durante una sesión, pero no establecen directrices para excluirlo de reuniones futuras. Esa diferencia es uno de los puntos centrales de la controversia.
Desde el gobierno municipal, el abogado del Concejo, Allan Wade, había defendido las prohibiciones como compatibles con las reglas del organismo y sostuvo que la presidenta tiene autoridad para imponerlas, según Action News 5. Tras la presentación de la demanda, declinó comentar por tratarse de un litigio pendiente.
Los demandantes buscan que el tribunal suspenda tanto los vetos como la política cuestionada antes de la reunión del 20 de octubre, en la que se espera abordar nuevamente la propuesta sobre centros de datos. La petición busca permitirles regresar al recinto y participar mientras continúa el proceso judicial.
