MASON, Tennessee.— Por cada persona que permanece detenida en el West Tennessee Detention Facility, el municipio de Mason recibe un dólar diario. El acuerdo fue defendido como una oportunidad económica para esta pequeña comunidad del oeste de Tennessee, pero una investigación de MLK50 revela que los ingresos reportados hasta agosto eran inferiores a los gastos legales relacionados con el contrato.
La instalación es operada por la empresa privada CoreCivic y utilizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según el reportaje, Mason funciona como intermediario en el convenio y recibe pagos de acuerdo con la cantidad de personas recluidas.
El alcalde Eddie Noeman presentó la propuesta ante la junta municipal en marzo de 2025. Para una localidad de aproximadamente 1,300 habitantes, el argumento era recuperar una fuente de ingresos perdida después de que un contrato federal venciera en 2021 y la prisión quedara prácticamente vacía.
El centro volvió a recibir detenidos en medio de la expansión de las operaciones migratorias federales. En diciembre de 2025, su población mensual promedio superó las 400 personas. Para agosto de 2026, funcionarios municipales informaron que Mason había recibido alrededor de 88,000 dólares por el acuerdo, de acuerdo con MLK50.
Sin embargo, las dificultades financieras continúan. Funcionarios citados por el medio señalaron que el municipio tuvo que destinar más de 100,000 dólares a servicios legales relacionados con el contrato. La diferencia pone en duda cuánto alivio económico ha representado el convenio para las finanzas locales.
El cuestionamiento también alcanza el papel del municipio en la detención de inmigrantes. Residentes y activistas han protestado contra el acuerdo y expresado preocupación por denuncias sobre la alimentación y la atención médica dentro de la instalación.
Noeman sostiene que Mason no controla las políticas migratorias ni la operación interna del centro. Aun así, el municipio mantiene una participación contractual que le permite recibir dinero por cada persona detenida, mientras continúa el debate sobre sus beneficios económicos y las condiciones de reclusión.
El contrato con CoreCivic tiene vigencia hasta 2030.
Nota elaborada con base en una investigación publicada por MLK50.
