Una corte de apelaciones de Estados Unidos ha rechazado los esfuerzos de la administración de Donald Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento para ciertos hijos de inmigrantes, en un fallo que podría escalar hasta la Corte Suprema.
El 9º Circuito de la Corte de Apelaciones, con sede en San Francisco, denegó este miércoles una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para levantar una orden que bloqueaba la implementación del decreto presidencial. La medida había sido impuesta por un juez de Seattle tras concluir que dicho decreto violaba la Constitución.
El panel que tomó la decisión estaba compuesto por tres jueces: uno nombrado por Trump, otro por Jimmy Carter y el tercero por George W. Bush. Los magistrados señalaron que el caso será revisado más a fondo en junio, cuando se presentarán argumentos adicionales.
Este caso es uno de varios desafíos legales importantes contra la política de Trump y el primero en llegar a un panel de apelaciones. Según documentos presentados por el Departamento de Justicia, el decreto buscaba limitar la ciudadanía por nacimiento como parte de un esfuerzo para “reparar el sistema de inmigración de Estados Unidos y abordar la crisis en la frontera sur”.
Desde 1868, la ciudadanía estadounidense se ha otorgado automáticamente a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres, conforme a la Decimocuarta Enmienda. Trump pretende terminar con este derecho para los hijos de personas indocumentadas o aquellos con visas temporales.
La demanda fue presentada por los fiscales generales demócratas de cuatro estados liderados por Washington, quienes argumentaron que la disputa no se trata de inmigración, sino de derechos de ciudadanía garantizados por la Constitución. “Este no es un caso sobre ‘inmigración’”, escribieron en sus alegatos. “Se trata de derechos de ciudadanía que la Decimocuarta Enmienda y el estatuto federal intencional y explícitamente colocan más allá de la autoridad del presidente para condicionar o negar”.
La mayoría del panel concluyó que la administración Trump no logró demostrar, en esta etapa preliminar, que sus argumentos tendrían éxito en una evaluación más detallada. La jueza Danielle Forrest, designada por Trump, enfatizó que su decisión no se basaba en los méritos del caso, sino en la falta de una verdadera “emergencia” que justificara una acción inmediata.
“Decidir cuestiones sustantivas importantes con solo una semana de aviso pone nuestro proceso de toma de decisiones habitual de cabeza”, escribió Forrest. “No deberíamos emprender esta tarea a menos que las circunstancias dicten que debemos hacerlo. No lo hacen aquí”.
El fallo deja claro que el tema de la ciudadanía por nacimiento sigue siendo uno de los debates constitucionales más delicados y relevantes en la actualidad.
