WASHINGTON, D.C. — El registro federal de la vivienda de la congresista Ilhan Omar abrió este lunes 12 de octubre una controversia sobre el uso de las autoridades federales y el momento elegido para una actuación contra una legisladora que busca la reelección. La representante demócrata de Minnesota respondió con una declaración contundente: “No me van a callar”.
Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) realizaron el operativo en su residencia en Washington. El Departamento de Justicia confirmó que se ejecutó una orden de registro autorizada judicialmente dentro de una investigación criminal en curso, pero no identificó a Omar en su comunicado ni detalló los posibles delitos investigados.
Omar informó que se encontraba bien y acusó al presidente Donald Trump de convertir a las fuerzas del orden en una herramienta contra sus adversarios. Para la congresista, lo ocurrido representa una escalada de una campaña de intimidación política que, según denunció, lleva años enfrentando. Su oficina afirmó que no ha cometido ninguna irregularidad y calificó el registro como un abuso de poder.
La intervención provocó una condena conjunta de los líderes demócratas de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, Katherine Clark y Pete Aguilar. Los legisladores cuestionaron que el operativo se realizara a menos de 30 días de las elecciones de medio mandato y exigieron explicaciones y rendición de cuentas a los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional.
Alexandria Ocasio-Cortez también rechazó la actuación federal y la describió como un abuso de poder sin precedentes. Las acusaciones de persecución política corresponden a Omar y a quienes han expresado su respaldo; las autoridades, por su parte, sostienen que el registro forma parte de una investigación criminal.
Por ahora, los detalles oficiales siguen siendo limitados. El registro de una vivienda no constituye una determinación de culpabilidad, y la información divulgada por el Departamento de Justicia no permite establecer qué conducta concreta se investiga. Esa falta de claridad mantiene abiertas las preguntas sobre el alcance del caso y las razones del operativo.
