Senado de Tennessee aprueba polémica propuesta para negar educación pública a niños indocumentados

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Nashville Noticias

Con 19 votos a favor y 13 en contra, el Senado del estado de Tennessee aprobó este jueves la propuesta de ley SB0836/HB0793, una medida que permitiría exigir a todos los estudiantes comprobar su estatus migratorio legal para poder acceder a la educación pública gratuita desde kindergarten hasta el grado 12 (K-12).

Esta controvertida legislación, que ha generado alarma entre organizaciones defensoras de los derechos civiles y de la infancia, establece que las escuelas públicas podrían negar la inscripción a menores indocumentados, marcando un giro radical en el acceso a la educación básica en el estado.

La propuesta, presentada por legisladores republicanos, forma parte de un paquete de leyes que buscan restringir servicios públicos a personas en situación migratoria irregular. En su defensa, los proponentes argumentan que la medida tiene como fin asegurar el uso adecuado de los fondos estatales. Sin embargo, críticos de la ley advierten que va en contra del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en Plyler v. Doe (1982), el cual garantiza el acceso a la educación pública a todos los niños, independientemente de su estatus migratorio.

“Es un intento inconstitucional de discriminar a niños que ya enfrentan múltiples barreras”, expresó un portavoz de la ACLU de Tennessee. “Esta medida no solo es injusta, sino también peligrosa para el futuro de nuestras comunidades”.

Actualmente, la propuesta de ley pasará al Comité de Finanzas el próximo lunes 14 de abril, donde se evaluará su impacto fiscal. A pesar de su aprobación en el Senado, aún debe superar varios pasos legislativos antes de convertirse en ley, incluyendo su revisión y votación en la Cámara de Representantes, donde enfrentará nuevos desafíos.

Este tipo de propuestas pone en tensión los valores fundamentales del sistema educativo estadounidense, y deja en el limbo a cientos —si no miles— de niños que podrían ser excluidos de las aulas por razones fuera de su control. La pregunta que queda flotando en el aire es simple, pero poderosa: ¿debería un niño ser castigado por el estatus migratorio de sus padres?