Memphis, Tennessee – En una reveladora conferencia de prensa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) dio a conocer el jueves los hallazgos de una investigación que señala al Departamento de Policía de Memphis (MPD) y a la Ciudad de Memphis por participar en un patrón de conducta que viola la Constitución y leyes federales. La investigación, basada en entrevistas, imágenes de cámaras corporales y revisiones de políticas, destaca prácticas policiales discriminatorias y uso excesivo de la fuerza.
“La gente de Memphis merece una vigilancia policial justa, transparente, no discriminatoria y constitucional, nada menos”, declaró Kristen Clarke, Fiscal General Adjunta de Estados Unidos.
Ejemplos alarmantes de abuso
Durante su intervención, Clarke detalló casos que ilustran la problemática. En uno de ellos, la policía detuvo y golpeó a un hombre afroamericano afuera de una tienda de dólar sin motivo aparente. Aunque la zona había registrado robos, no existían pruebas que vincularan al hombre con esos delitos.
Clarke también destacó problemas en el programa de Equipos de Intervención en Crisis (CIT), diseñado para abordar situaciones sensibles. Uno de los miembros del equipo, apodado “Taser Face”, fue señalado por uso excesivo de armas no letales contra personas con discapacidades conductuales, incluso menores de edad. “Estos agentes intensificaban rutinariamente los encuentros en lugar de desescalarlos”, enfatizó Clarke.
Cambios antes de la investigación
El fiscal federal interino Reagan Fondren reconoció que la ciudad y el MPD implementaron medidas iniciales antes del inicio formal de la investigación. Entre ellas, mencionó la publicación de videos sin editar del encuentro fatal entre oficiales y Tyre Nichols, el despido de siete oficiales involucrados, y la disolución de la controvertida Unidad SCORPION.
Sin embargo, Fondren subrayó que estas acciones no son suficientes. El DOJ exige reformas integrales en el MPD para erradicar prácticas inconstitucionales profundamente arraigadas.
Reformas costosas y resistencia local
En respuesta, el alcalde de Memphis, Paul Young, destacó los costos significativos asociados con un decreto de consentimiento, un acuerdo legal que obligaría a la ciudad a implementar reformas supervisadas. “El decreto de consentimiento en Chicago le ha costado a su ciudad más de $500 millones, en Seattle más de $200 millones y en Nueva Orleans más de $100 millones”, señaló. Young defendió los esfuerzos del MPD, señalando una reducción del 19% en delitos violentos en los últimos dos años, pero calificó el decreto como “costoso y burocrático”.
La jefa de policía interina, C.J. Davis, añadió que el MPD ya ha realizado más de 700 cambios de política, alineados con algunas de las recomendaciones del DOJ.
Un compromiso federal firme
A pesar de la resistencia de la ciudad, Clarke dejó claro que el Departamento de Justicia está dispuesto a actuar de forma unilateral si Memphis no coopera. “No se equivoquen: el patrón o práctica de mala conducta que encontramos en Memphis debe terminar. La ley federal nos autoriza a presentar una demanda para obtener una orden judicial, si es necesario”, advirtió.
El informe del DOJ deja en evidencia un sistema que necesita cambios drásticos para garantizar justicia y seguridad para todos los ciudadanos de Memphis, sin importar su raza o condición.
