El Gobierno del presidente Donald Trump presentó el miércoles 18 de noviembre una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para impedir que vuelva a surtir efecto un fallo que restablecería las protecciones contra la deportación y el acceso a permisos de trabajo para cientos de miles de venezolanos.
La solicitud se presentó dos días antes de que venza, el viernes 20 de noviembre, la suspensión temporal concedida por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. Si la Corte Suprema no interviene antes de ese plazo, el fallo de un juez federal de California podría volver a entrar en vigor mientras se tramita la apelación del Gobierno.
En su escrito, el Departamento de Justicia sostuvo que la restitución de las protecciones correspondientes a la designación de 2023 podría obligar al Gobierno a liberar a alrededor de 1,800 venezolanos detenidos en procesos de expulsión. Según el Gobierno, aproximadamente 332 de esas personas tienen órdenes finales de expulsión cuya ejecución quedaría frenada a corto plazo.
La Alianza Nacional del TPS y varios beneficiarios venezolanos impugnaron la decisión del Gobierno de terminar las protecciones. Sus abogados sostienen que, desde la intervención anterior de la Corte Suprema en 2025, algunos beneficiarios han sido detenidos, separados de sus hijos ciudadanos estadounidenses o deportados. El juez federal que examinó la medida concluyó que las autoridades se excedieron en sus facultades al poner fin al TPS.
Estados Unidos otorgó por primera vez el Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, a venezolanos en 2021, durante el gobierno de Joe Biden, y amplió la cobertura en 2023. Alrededor de 600,000 personas se beneficiaron de ambas designaciones. Se desconoce cuántas de ellas permanecen en el país.
Con información de The Associated Press y documentos judiciales.


