Un informe difundido el lunes por un grupo defensor de los derechos de los niños de México señala un patrón en hasta 18 escuelas y guarderías en el que varios empleados adultos presuntamente colaboraron entre sí y utilizaron estrategias y prácticas inquietantemente similares para abusar sexualmente de niños de entre tres y siete años.
En un caso descubierto en 2018, 11 adultos de una escuela preescolar presuntamente abusaron de 49 niños de entre tres y cinco años, insertándoles jeringas llenas de agua en orificios del cuerpo, una práctica detectada una y otra vez en otros casos.
Esas 11 personas están acusadas de cometer el abuso de manera coordinada, según el informe de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, un organismo independiente sin fines de lucro. Los niños fueron obligados a mirar a adultos mientras efectuaban actos sexuales o cuando tocaban o abusaban de otros menores. En muchos casos, el uso similar de disfraces o la escenificación específica de los abusos deja entrever un patrón más amplio.
“Evidentemente, esta situación genera preguntas importantes sobre cómo llegaron a laborar en una misma escuela este grupo numeroso de agresores. ¿Cómo son asignados a los puestos públicos en los que laboran? ¿Cómo se explica la coincidencia de tantos agresores en una misma escuela? Y, ¿cómo se explica su actuación conjunta y coordinada?”, dice el informe.
“Hemos logrado identificar patrones delictivos que indican la posibilidad de que numerosos preescolares y primarias han sido capturados y utilizados como espacios para la comisión de delitos de explotación sexual infantil en línea”, agrega.
Al preguntársele acerca del informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió el lunes a proporcionar una explicación sobre cómo está combatiendo el gobierno ese tipo de casos.
“Se trabaja mucho en esto, se combate todas estas acciones reprobables, indignas, que tienen que ver con el abuso de menores, y se tiene una actividad permanente”, manifestó López Obrador, e indicó que les pediría a las autoridades indicadas que informen “cómo se protege a la población más vulnerable, a los niños, de estas agresiones, como es el caso de la protección a las mujeres; todo lo que estamos haciendo, que es bastante”.
Algunos de los casos en los que los abogados de la Defensoría han participado derivaron en que personas que cometieron abusos fueran declaradas culpables. Por ejemplo, en 2011, seis empleados escolares fueron condenados y recibieron largas sentencias de cárcel.
Pero los abogados quedaron sorprendidos por el descaro de los que cometían los abusos y porque había un patrón que parecía repetirse en otras escuelas. Por ejemplo, el informe afirma que, en el caso de 2011, “en total 11 adultos que laboran en la escuela son mencionados, incluyendo a la directora, varias maestras, personal de intendencia”.
Así, el equipo jurídico halló que “37 casos fueron identificados como posibles coincidencias en patrones. De estos sólo fue posible conocer mayor detalle sobre lo referido por las víctimas en 18 escuelas. De estas escuelas se corroboran patrones sumamente preocupantes”.
Pero el informe señala que las investigaciones policiales no están bien coordinadas con los fiscales, y tienden a entablar una acción judicial contra los abusadores en forma individual, sin examinar si había más cómplices.
“Incluso recibiendo denuncias expresas de posibles delitos de explotación sexual infantil, las investigaciones tratan cada caso como aislado e ignoran la actuación conjunta y organizada de los adultos agresores”, se agrega en el texto. “La fragmentación de la investigación, la exclusión de las víctimas y la falta de procedimientos adecuados para la testimonial infantil, se traducen en una garantía de impunidad para la delincuencia compleja contra la infancia”.
Además, muchas de las víctimas reportan que había cámaras presentes durante los abusos, lo que deja ver la posibilidad de que los abusos estaban siendo videograbados o fotografiados para su distribución posterior.
