Organizaciones comunitarias confirmaron este viernes, durante una conferencia de prensa, que varias personas detenidas en la redada de El Corralón ya fueron deportadas a Honduras, mientras que ocho personas siguen sin ser identificadas ni localizadas.
Gisela Guerrero, organizadora de MICAH y de Vecindarios 901, explicó que a las autoridades les bastaron horas para dispersar a los detenidos por distintos estados. Algunos terminaron en el centro de Mason, a 45 minutos de Memphis, y otros en Alabama y Luisiana. Para el miércoles por la noche, según Guerrero, ya habían deportado a varios a Honduras. Cuatro personas fueron liberadas en el lugar tras mostrar documentación de su estatus migratorio. “No podemos buscarlos porque no sabemos quiénes son”, dijo Guerrero sobre las ocho que aún no aparecen.
El operativo federal que dio origen al caso ocurrió la madrugada del domingo 30 de agosto, alrededor de la 1:00 a.m., en El Corralón, un bar en Berclair sobre Macon Road. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la detención de 121 personas, de las cuales Vecindarios 901 ha logrado identificar a 113. El Departamento de Policía de Memphis ha dicho, en declaraciones ya reportadas por Memphis Noticias, que sus agentes no participaron en la planificación y que llegaron alrededor de las 3:15 a.m. únicamente para controlar el tránsito.
Días antes, un juez del condado de Shelby había autorizado una orden de cateo por una investigación estatal de presunto juego ilegal en el establecimiento. Todavía no está claro qué relación tuvo esa orden con las detenciones migratorias, y no todas las personas arrestadas han sido acusadas de un delito. “Si los detenidos fueran delincuentes, ¿dónde están los cargos?”, cuestionó Mauricio Calvo, director ejecutivo de Latino Memphis, cuya organización encuestó junto con World Relief a 44 familias afectadas.
María Oceja, cofundadora de Vecindarios 901, describió el efecto de las detenciones en los niños de las familias separadas, entre ellos un menor de 7 años que le dijo que no cree que vaya a volver a ver a su mamá y adolescentes de 14 que ahora no saben cómo cuidar a sus hermanos. Casey Bryant, directora ejecutiva de Advocates for Immigrant Rights, advirtió que la velocidad de los traslados les impide a los detenidos acceder a representación legal antes de ser deportados. Michael Phillips, director ejecutivo de Su Casa Family Ministries, dijo que las solicitudes de ayuda en su despensa comunitaria se han disparado desde la redada.
La Oficina de Investigaciones de Tennessee mantiene abierta su investigación sobre el juego ilegal. Vecindarios 901 continúa trabajando para identificar a las ocho personas que aún no han podido ser localizadas y para conectar a las demás familias con representación legal.
