Los fiscales generales de Tennessee están impulsando una enmienda a la Constitución estatal que permitiría negar la fianza a ciertos acusados de delitos violentos y sexuales graves. La medida busca otorgar a jueces y magistrados la facultad de mantener en prisión preventiva a personas con pruebas claras en su contra, evitando así su liberación antes del juicio.
Actualmente, la ley en Tennessee solo permite negar la fianza en casos donde se contempla la pena de muerte. Esto significa que, incluso si un individuo es acusado de un crimen violento, tiene derecho a salir en libertad mientras espera el proceso judicial.
Los fiscales argumentan que esta situación representa un peligro para la comunidad, ya que ha habido casos en los que acusados liberados bajo fianza reincidieron en delitos graves.
Casos que refuerzan la propuesta
El 14 de marzo de 2025, la Conferencia de Fiscales Generales de Tennessee aprobó una resolución en apoyo a la enmienda constitucional. Para ser efectiva, la medida debe ser aprobada por la 114ª Asamblea General del estado con el respaldo de al menos dos tercios de los legisladores.
Para justificar su postura, los fiscales presentaron ejemplos de casos recientes. Uno de ellos es el de Joshua Aretz, quien en 2014 fue puesto en libertad bajo fianza tras ser acusado de homicidio en un tiroteo donde murió Adam Márquez, de 19 años. Un año después, Aretz estuvo involucrado en el asesinato de Liperial Easterling, un soldado de Fort Campbell que fue encontrado muerto a tiros en el porche de su casa. Finalmente, en 2017, Aretz se declaró culpable de ambos asesinatos y fue sentenciado a 47 años y medio de prisión.
Otro caso citado es el de Cornel Oliver, quien fue liberado bajo fianza en 2021 tras ser acusado de asesinato en primer grado en el condado de Montgomery. Un año después, fue arrestado nuevamente por un incidente de violencia doméstica agravada y posesión de armas.
¿Qué implicaría la enmienda?
Si la enmienda es aprobada, los jueces podrán decidir si un acusado de un delito violento o sexual grave debe permanecer en prisión preventiva mientras espera su juicio. Además, estarán obligados a justificar públicamente sus decisiones sobre la fianza.
Los fiscales sostienen que esta reforma fortalecería la seguridad del sistema de justicia, reduciría la reincidencia y brindaría mayor protección a las víctimas. Como parte de su campaña para lograr su aprobación, han enviado copias de la resolución a todos los legisladores del estado.