Claves sobre la protección a inmigrantes indocumentados que discute el Congreso

Delegación Tennessee

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Las organizaciones civiles han mantenido en la opinión pública el camino a la ciudadanía para indocumentados, pero por ahora el Congreso tiene contemplado un perdón a la deportación temporal o ‘parole’ por máximo 10 años o al 2031, lo que ocurra primero.

El presidente Joe Biden ha dejado claro que serán los legisladores quienes determinen cuál proyecto se impulsará, pero él acatará la reforma pertinente. De hecho, en un documento de la Casa Blanca del 3 de noviembre se menciona alguna protección para indocumentados con permiso de trabajo, pero sin mayores detalles.

Activistas señalan que el plan de ‘parole’ es insuficiente y mantendría en riesgo a los inmigrantes que podría ser beneficiados, alrededor de 7.1 millones, según estimaciones. Por ello impulsan la Ley del Registro, la cual permitiría modificar la fecha de llegada de indocumentados a proteger, para que puedan solicitar la ‘green card’ aquellos que arribaron antes del 1 de enero del 2010.

1. Qué dice la Casa Blanca:

La Administración Biden destaca como uno de los beneficios de su plan económico Build Back Better (BBB – Reconstruir Mejor), la protección a inmigrantes indocumentados.

“Los inmigrantes son fundamentales no sólo para quiénes somos como nación, sino también para nuestra fuerza económica”, dijo la Casa Blanca en un documento del 3 de noviembre, donde se asume que serán permisos de trabajo” que dará alivio a distintos grupos, como ‘dreamers’, personas con el Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores agrícolas.

“El proyecto de ley proporciona permisos de trabajo para personas indocumentadas que califiquen y que hayan vivido en nuestro país durante décadas”, destaca el documento. “Este proyecto de ley brindaría alivio a los Dreamers, los beneficiarios de TPS, los trabajadores agrícolas inmigrantes y los trabajadores esenciales, entre otros”.

Agrega que habrá modificaciones para acelerar los procesos de visas. El plan de la Cámara de Representantes, que espera un reporte de impacto fiscal de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), integró modificaciones para aprovechar las ‘green cards’ no asignadas, sobre todo para peticiones familiares.

“El proyecto de ley también incluye importantes reformas a nuestro sistema de inmigración legal, que ayudarán a reducir los retrasos en el procesamiento de visas”, indicó la Casa Blanca.

2. Aumento del plan Build Back Better

El 28 de octubre, la Casa Blanca dio a conocer el proyecto BBB de $1.75 billones de dólares, pero agregó $100,000 millones de dólares sobre inmigración sin dar detalles del proyecto.

Los analistas han especificado que, de aprobarse el proyecto de ley bajo el proceso de Reconciliación con alguna modificación migratoria, el plan aumentará a $1.85 billones de dólares.

Cuando fue cuestionada sobre que los fondos migratorios pudieran no ser contemplados, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California), aseguró que estaban “dentro” del presupuesto.

3. ¿Y la parlamentaria?

El senador Dick Durbin (Illinois), presidente del Comité Judicial del Senado, dijo que había hablado con miembros del Caucus Hispano del Congreso sobre los esfuerzos para proteger a inmigrantes.

“Ahora es el momento y la Reconciliación es el camino”, tuiteó, sin especificar cuál plan avanzará y cómo van las negociaciones con la parlamentaria Elizabeth MacDonough, quien debe señalar si el plan cumple con las reglas Byrd y puede ser aprobado bajo el proceso de Reconciliación. Hasta el momento, la experta ha rechazado dos planes previos.

Una fuente del Senado había adelantado a este diario que el equipo que negocia con la parlamentaria no hará movimiento alguno hasta que la Cámara de Representantes avance con la redacción de la ley BBB y se tenga el reporte de impacto fiscal de la Oficina de Presupuesto, la cual informó que entregará el informe el 19 de noviembre.

La Cámara discutirá el proyecto económico durante el fin de semana y podría aprobarlo a más tardar el miércoles, antes de Thanksgiving. De ahí pasaría al Senado, donde se requieren –según varias fuentes con conocimiento del proceso– al menos semana y media para negociaciones con la parlamentaria, debate y mociones de senadores.

El proyecto de ley que avanzó la Cámara descarta abrir camino a la ciudadanía para millones de indocumentados, pero propone un perdón a la deportación o ‘parole’ por cinco años, con opción a renovación, y máximo al 2031.

También integra Autorización de Empleo, posibilidad de viajar al extranjero y solicitar una licencia de conducir conocida como REAL ID y acceso a ciertas ayudas sociales.

El proyecto fue integrado a última hora previo a que Pelosi lograra que se aprobara la ley de infraestructura, la cual fue firmada por el presidente el lunes pasado.

Hay una división entre grupos de defensores de inmigrantes y varias organizaciones rechazan el ‘parole’ porque consideran que es una protección provisional que puede ser retirada en cualquier momento.

Aunado a ello, abogados en asuntos legislativos y migratorios señalaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tendría que crear un reglamento sobre esa protección y era posible que un número indeterminado de personas no pudieran obtener todos los beneficios, como viajar o tener una REAL ID, incluso limitantes en ayudas sociales.

“Esas reglas serían implementadas por el Departamento de Seguridad Nacional”, reconoció Kendal Nystedt, abogada de inmigración de Make The Road New York, en una conferencia de prensa. “La historia nos dice que el DHS usualmente implementa distintos lineamientos para viajes, (los indocumentados) pueden tener su propio tiempo de proceso y serían aplicados costos adicionales”.

Es decir, es posible que las autoridades migratorias establezcan requisitos específicos para los inmigrantes bajo ‘parole’, aunado a que salir del país no necesariamente asegura el reingreso, pues es una decisión discrecional de los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Aquellos viajando con el programa de ‘parole’ pueden ser tratados especialmente al momento de ser readmitidos a Estados Unidos… Esto significa, por ejemplo, que aquellos con alguna orden de deportación podrían ser impedidos de reingresar”.

Situaciones similares enfrentarían las personas al solicitar una licencia de conducir o ayudas sociales, como cupones de alimentos o apoyo universitario.

“El plan no asegura que todas las personas bajo el ‘parole’ sean elegibles para la licencia de conducir, porque esa es una pregunta para la entidad, no la ley federal”, expresó Nystedt.

Una situación similar se observa para algunas ayudas sociales, indicó Breanne Palmer, directora interina de Políticas y Asesoría de UndocuBlack Network.

“Sobre algunos beneficios sociales, como apoyo en educación, quizá tengan acceso a algunos beneficios para la universidad, pero dependerá del lenguaje en la ley”, reconoció. “Están las opciones de apoyo estatal, pero también dependerá de lo que cada entidad determine”.