Cientos de miles de venezolanos que se beneficiaron del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos seguirán sin el amparo de ese programa mientras continúa la disputa en los tribunales. El Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito resolvió la noche del miércoles 18 de noviembre mantener suspendida la orden judicial que habría permitido restablecer esas protecciones.
La decisión se conoció horas después de que el Gobierno de Donald Trump pidiera a la Corte Suprema una intervención de emergencia. La orden del Noveno Circuito permite que la cancelación del TPS siga en vigor mientras se litiga el caso. Para quienes dependían de ese estatus, la medida prolonga la pérdida de la protección contra la deportación y de la autorización de trabajo vinculada al programa.
En su solicitud ante la Corte Suprema, el Departamento de Justicia sostuvo que restablecer el TPS afectaría la ejecución de 332 órdenes de expulsión pendientes. Los abogados del Gobierno también estimaron que alrededor de 1,800 venezolanos afectados por el caso se encuentran bajo custodia migratoria. Por su parte, los demandantes denunciaron que, desde una intervención anterior de la Corte Suprema, algunos exbeneficiarios han sido detenidos, separados de sus hijos ciudadanos estadounidenses o deportados.
El Gobierno de Joe Biden concedió el TPS a venezolanos por primera vez en marzo de 2021 y amplió la cobertura en 2023. Alrededor de 600,000 personas llegaron a beneficiarse de ambas designaciones. El Congreso creó el programa en 1990 para brindar protección temporal a personas que no pueden regresar en condiciones seguras a sus países por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.
La Administración Trump sostiene que Venezuela ya no reúne las condiciones para mantener la designación. La cancelación fue impugnada por beneficiarios y organizaciones que los representan. Un juez federal en California declaró ilegal la medida, pero la Corte Suprema intervino previamente con órdenes de emergencia que permitieron al Gobierno seguir aplicándola mientras avanzaba el litigio.
La orden del miércoles prolonga la incertidumbre para las familias que dependían del TPS mientras los tribunales resuelven si la cancelación fue legal. Aún se desconoce cuántos de los venezolanos que se acogieron al programa permanecen en Estados Unidos.


