Los 95 alguaciles de Tennessee podrían verse obligados a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La legislación, ya aprobada por el Senado estatal, se dirige ahora al despacho del gobernador Bill Lee para su firma final.
Si se convierte en ley, la medida exigirá que todos los alguaciles firmen acuerdos de cooperación conocidos como 287(g), o enfrenten la pérdida de fondos estatales. El plazo es claro: 1 de enero de 2027. A partir de esa fecha, quien no cumpla, pagará el precio. Las policías locales, sin embargo, quedan fuera de esta obligación y mantendrán su autonomía.
La iniciativa surge en medio de un impulso nacional por reforzar el control migratorio. Desde la administración Trump, se ha promovido que agencias locales actúen como “multiplicadores de fuerza” en tareas federales de inmigración. Tennessee parece alinearse con esa visión.
Hasta el jueves, 49 alguaciles poco más de la mitad ya habían firmado acuerdos con ICE, según registros federales. La mayoría ha optado por modelos que les permiten verificar el estatus migratorio de reclusos o ejecutar órdenes administrativas dentro de las cárceles. Otros acuerdos, más amplios, otorgan funciones similares a las de agentes federales, aunque la legislación estatal no especifica cuál modelo debe adoptarse.
Pero no todos están convencidos.
En el pleno del Senado, el demócrata Jeff Yarbro, de Nashville, intentó introducir una enmienda para garantizar fondos estatales que cubran los costos adicionales que implicaría este mandato. No tuvo éxito.
“Esto es fundamentalmente un mandato sin financiación”, advirtió Yarbro. “Estamos exigiendo a los condados que asuman un gasto continuo, sin comprometernos a cubrirlo”.
Según Yarbro, decenas de alguaciles han evitado el programa precisamente por los “gastos inevitables” que conlleva. Su postura fue respaldada por otros legisladores demócratas, quienes votaron en contra de la propuesta.
Del otro lado, el liderazgo republicano minimizó esas preocupaciones.
El senador Jack Johnson, del condado de Williamson y principal impulsor del proyecto, aseguró que existen recursos disponibles. Señaló incentivos federales y un fondo estatal de 5 millones de dólares creado el año pasado para apoyar a los departamentos.
Hasta ahora, dijo, solo se han distribuido 160 mil dólares, dejando más de 4.8 millones aún disponibles. Según Johnson, la baja utilización se debe a que muchos alguaciles ya han accedido a fondos federales.
“Estamos viviendo un período sin precedentes”, afirmó. “Con un presidente que está tomando medidas concretas contra la inmigración ilegal, esta legislación se enfoca en quienes no solo están en el país sin estatus legal, sino que además han cometido delitos”.
La propuesta, sin embargo, deja preguntas abiertas. ¿Podrán los condados absorber los costos a largo plazo? ¿Cómo impactará esto en la relación entre comunidades y autoridades?
Ahora, la decisión final está en manos del gobernador. Y con ella, el rumbo que tomará Tennessee en uno de los temas más sensibles del país.
