En una decisión que vuelve a encender el debate sobre el futuro de la educación pública, el Senado de Tennessee aprobó este jueves la ampliación del programa de vales escolares, una medida que beneficiará a miles de familias, pero que también deja preguntas difíciles sobre financiamiento, privacidad y equidad.
La propuesta, respaldada por una votación de 18 a 14, permitirá que hasta 35,000 estudiantes utilicen fondos públicos unos 7,500 dólares por alumno para asistir a escuelas privadas. El costo proyectado supera los 270 millones de dólares, casi el doble de lo que actualmente destina el estado a este programa.
Pero no todo es consenso.
Desde el inicio del debate, opositores advirtieron sobre un punto delicado: la posible exigencia a los distritos escolares de verificar los números de Seguro Social de los estudiantes para poder recibir reembolsos estatales. Una medida que, según críticos, podría abrir la puerta a demandas por discriminación y violaciones a la privacidad.
“Esto impone una carga innecesaria a los distritos y pone en riesgo información sensible”, señalaron legisladores durante la discusión.
El senador demócrata Jeff Yarbro, de Nashville, fue más allá. Aunque aclaró que la disposición no contradice directamente el histórico fallo Plyler v. Doe —que garantiza educación a todos los niños sin importar su estatus migratorio—, sí advirtió que podría violar leyes federales de privacidad.
“Esto es, en esencia, una eliminación acelerada de las protecciones para los distritos escolares”, afirmó Yarbro.
La preocupación no es solo legal. También es financiera.
La senadora Heidi Campbell alertó que el programa podría convertirse en una carga creciente para el presupuesto estatal, especialmente considerando que cada año se contemplaba una expansión gradual de 5,000 estudiantes. Ahora, el crecimiento será mucho más acelerado.
A esto se suma otra crítica: el gasto por estudiante. Campbell y la senadora Charlane Oliver cuestionaron que el estado esté invirtiendo más por alumno en escuelas privadas que en fortalecer el sistema público.
Del otro lado, los defensores del proyecto mantienen su postura firme.
El líder de la mayoría en el Senado, Jack Johnson, aseguró que el estado no está abandonando la educación pública. “Estamos comprometidos con hacerla la mejor posible”, dijo. Sin embargo, insistió en que también existe una “obligación constitucional” de ofrecer alternativas a los padres.
Para algunos legisladores republicanos, el tema va más allá de números.
“Para ese pequeño porcentaje de familias que necesita otra opción, debemos dársela”, expresó el senador Adam Lowe, al mencionar casos de estudiantes que enfrentan acoso escolar o problemas emocionales.
Aun así, no todos en su partido estuvieron de acuerdo. Ocho republicanos se unieron a los demócratas para votar en contra, incluyendo al senador Joey Hensley, quien fue directo: “Debemos cumplir lo que prometimos a la gente”.
La medida ahora pasa al escritorio del gobernador Bill Lee, quien ha impulsado esta iniciativa como una de las principales banderas de su administración. Su aprobación marcaría un cambio significativo en el sistema educativo del estado.
