La administración del presidente Trump enfrenta una nueva batalla legal. Grupos de derechos civiles presentaron este miércoles una demanda colectiva para frenar la práctica de arrestar inmigrantes indocumentados en tribunales de inmigración, una política que ha generado temor y críticas en todo el país.
La querella, presentada en un tribunal federal en Washington, representa a una docena de inmigrantes y varias organizaciones defensoras de derechos civiles. Según el documento, esta estrategia del gobierno federal no solo viola la Constitución, sino que también atenta contra el debido proceso.
Hasta hace pocos años, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) seguía lineamientos que limitaban los arrestos en los juzgados. Sin embargo, la administración Trump eliminó esas directrices tras asumir el poder. Desde entonces, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzaron a presentarse, incluso enmascarados, dentro y fuera de los tribunales para detener a migrantes que acudían a sus audiencias.
Una estrategia calculada:
La demanda detalla la nueva táctica del gobierno: los abogados del DHS solicitan a jueces de inmigración desestimar casos “por cambio de circunstancias”, sin explicación previa. Una vez que el caso es cerrado, ICE arresta a la persona, ya sea dentro de la sala o al salir.
De inmediato, el inmigrante es transferido a un proceso de deportación acelerada, con escasas opciones legales y bajo detención obligatoria. “Los no ciudadanos, incluyendo a la mayoría de los demandantes, han sido arrancados abruptamente de sus familias, vidas, hogares y trabajos por comparecer ante el tribunal, un paso necesario para regularizar su estatus”, señalan los abogados en la querella.
Entre los casos citados está el de P.D., un inmigrante cubano que acudió a su audiencia por asilo en mayo. “El DHS solicitó oralmente la desestimación sin previo aviso y sin explicar ningún cambio en las circunstancias”, indica la demanda. El juez aceptó la moción y, al salir de la sala, P.D. fue arrestado.
Impacto y temores:
Defensores advierten que estos operativos buscan sembrar miedo. “La administración Trump-Vance está utilizando los tribunales como arma al amenazar a quienes cumplen la ley y se presentan a sus audiencias”, dijo Skye Perryman, directora ejecutiva de Democracy Forward, una de las organizaciones detrás de la demanda.
La política también responde a presiones internas. De acuerdo con la querella, Stephen Miller, principal arquitecto de la política migratoria de Trump, exigió a ICE en 2019 aumentar los arrestos a 3.000 diarios, una meta difícil de alcanzar sin expandir los operativos a espacios antes considerados seguros.
Los arrestos en tribunales no solo han generado críticas, sino que también han dado lugar a incidentes polémicos. En abril, la jueza Hannah Dugan, del condado de Milwaukee, fue acusada de ayudar a una inmigrante a evitar la detención de ICE tras una audiencia penal. Dugan se declaró inocente, en un caso que evidenció la creciente tensión entre el gobierno federal y los tribunales estatales.
Mientras el debate continúa, defensores temen que más inmigrantes opten por no acudir a sus audiencias por miedo a ser arrestados, aumentando así el riesgo de órdenes de deportación en ausencia y profundizando la crisis migratoria.
