Tennessee – A menos de dos semanas de que entre en vigor, una controversial ley estatal enfrenta un serio desafío legal. El 20 de junio, una coalición integrada por una organización religiosa, defensores de derechos migratorios y residentes de Tennessee presentaron una demanda federal para frenar la implementación de la S.B. 392, una ley que penaliza a quienes ofrezcan refugio a personas indocumentadas, incluso si no existe intención de ocultarlas.
El caso fue presentado ante el Tribunal Federal del Distrito Medio de Tennessee por el Instituto para la Defensa y Protección Constitucional (ICAP) de la Facultad de Derecho de Georgetown, el Consejo Americano de Inmigración y la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC).
El principal demandante es el Sínodo del Sureste de la Iglesia Evangélica Luterana en América, que se une a un propietario local y a un residente del estado que comparte su vivienda con un yerno solicitante de asilo.
La ley, promulgada el pasado 9 de mayo, establece sanciones penales severas para cualquier persona u organización que “albergue” a una persona sin estatus migratorio legal a cambio de un beneficio económico. Sin embargo, su redacción ambigua ha provocado alarma: podría aplicarse, por ejemplo, a iglesias que brinden refugio temporal, a propietarios que alquilen habitaciones, o incluso a familiares que convivan con seres queridos en proceso migratorio.
Más aún, la norma podría extenderse a personas que en el pasado fueron indocumentadas pero que actualmente cuentan con estatus legal bajo programas como el asilo o la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).
“Esta ley no solo es perjudicial, sino también inconstitucional”, afirmó Elizabeth Cruikshank, consejera principal de ICAP. “La regulación de la inmigración es una facultad exclusiva del gobierno federal. Cuando los estados intentan imponer sus propias reglas, el resultado es miedo, caos y confusión.”
La demanda sostiene que la S.B. 392:
- Viola la Constitución al invadir competencias federales en materia migratoria.
- Es tan vaga que impide a los ciudadanos saber qué conductas están prohibidas, exponiéndolos a penas que podrían incluir décadas en prisión por actos esencialmente humanitarios.
Suchi Mathur, abogada litigante sénior del Consejo Americano de Inmigración, fue tajante:
“Esta ley no se trata de seguridad pública, sino de miedo y xenofobia. Ya ha creado inseguridad en comunidades de todo el estado y, de entrar en vigor, causará daños irreparables.”
Desde el TIRRC, la directora sénior de estrategia legal, Spring Miller, también alzó la voz:
“Esta ley obliga a las iglesias a elegir entre su fe y la ley. Obliga a las familias a vivir con temor por simplemente compartir techo con un ser querido. No es una consecuencia no deseada de una mala política; es el uso deliberado de la ley para castigar, dividir y controlar.”
La entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de julio. Por ello, los demandantes han solicitado una orden judicial inmediata para frenar la aplicación de la medida mientras se desarrolla el proceso legal.
Mientras tanto, crece la tensión en las comunidades religiosas, entre propietarios de vivienda y familias migrantes que temen ser criminalizadas por actos de compasión.
