En Tennessee, la fe vuelve al centro del debate político. Un nuevo proyecto de ley podría obligar a las escuelas públicas a utilizar la Biblia en sus clases y a establecer un período de oración. Y no solo eso: también abriría la puerta a consecuencias legales para quienes no cumplan.
La propuesta, identificada como HB 1491, es impulsada por el representante estatal Gino Bulso, republicano por Brentwood. No es la primera vez que su nombre aparece en iniciativas polémicas. En esta misma sesión legislativa ha patrocinado proyectos que plantean que los matrimonios entre personas del mismo sexo no tendrían que ser reconocidos y que la definición legal de persona debería comenzar desde el momento de la fecundación.
Ahora, su nueva propuesta promulgaría la llamada “Ley de Protección de la Libertad y Expresión Religiosa en las Escuelas Públicas”. El texto establece que las escuelas públicas deberán “utilizar la Biblia en su instrucción y proporcionar un período de oración y lectura de textos religiosos”.
Sin embargo, el proyecto incluye límites claros. No exige que se enseñe la religión de la Biblia como doctrina, ni permite la imposición de creencias. El propio documento especifica que una escuela pública no podrá:
- Enseñar la Biblia como dogma religioso.
- Coaccionar a un estudiante a creer o aceptar la Biblia como divinamente inspirada.
- Enseñar la Biblia de ninguna manera que viole la Cláusula de Establecimiento, según la interpretación de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Además, establece que cualquier estudiante podrá ser eximido de la instrucción relacionada con la Biblia mediante una solicitud escrita de sus padres o tutor, o por el propio estudiante si es mayor de 18 años.
Pero el punto que más inquieta a críticos es otro. El proyecto también crearía un “recurso legal” para quienes se vean afectados negativamente por el incumplimiento de esta ley, o incluso por la aplicación de la doctrina de separación entre Iglesia y Estado o la Cláusula de Establecimiento.
Es decir, el debate no se limita a lo que se enseñe en el aula. Se extiende al terreno judicial.
Defensores del proyecto argumentan que se trata de proteger la libertad religiosa y permitir que la Biblia sea estudiada como literatura e influencia histórica. Sus detractores advierten que podría abrir la puerta a conflictos constitucionales y a demandas costosas para los distritos escolares.
La pregunta queda en el aire: ¿es esto un ejercicio de libertad religiosa o un desafío directo a la separación entre Iglesia y Estado?
En Tennessee, el debate apenas comienza. Y lo que se decida podría marcar un precedente que trascienda las fronteras del estado.
