La batalla por el control político de Estados Unidos sumó este viernes un nuevo capítulo. El Tribunal Supremo de Virginia anuló una enmienda constitucional aprobada en referéndum que permitía redibujar los distritos electorales del estado, una medida que favorecía a los demócratas de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.
En una decisión dividida de cuatro votos contra tres, los magistrados declararon que la enmienda es “nula y sin efecto”, al considerar que “socava irreparablemente la integridad del voto” emitido en el referéndum celebrado en abril.
La medida había sido respaldada por los votantes y otorgaba a los demócratas mayor margen para reorganizar los mapas electorales en Virginia. Con el fallo judicial, los republicanos quienes presentaron la demanda consolidan una ventaja que podría asegurarles cuatro escaños en la Cámara de Representantes durante las próximas midterms, donde estarán en juego los 435 asientos del Congreso federal.
El caso de Virginia ocurre en medio de una nueva escalada nacional por el llamado gerrymandering, la práctica de redibujar distritos electorales para beneficiar políticamente a un partido.
Mientras Virginia recibía el fallo judicial, Tennessee avanzaba en dirección opuesta. La legislatura estatal, controlada por republicanos, aprobó la fragmentación de una circunscripción de mayoría afroamericana y tendencia demócrata. La sesión fue convocada de emergencia por el gobernador republicano del estado, apenas días después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos invalidara un distrito afroamericano en Luisiana.
Ese fallo federal ha sido interpretado como una puerta abierta para que otros estados del sur reduzcan el peso electoral de minorías raciales. Organizaciones civiles y defensores del derecho al voto advierten que las nuevas decisiones judiciales están debilitando protecciones históricas conquistadas durante el movimiento por los derechos civiles.
La Ley de Derecho al Voto de 1965, considerada uno de los pilares de esa época, vuelve a estar en el centro de la controversia. El Supremo estadounidense ha sostenido recientemente que la Constitución debe ser “ciega al color”, argumento utilizado para limitar mecanismos diseñados precisamente para proteger el voto de las minorías.
Sin embargo, el alto tribunal federal sí ha mantenido como legal el gerrymandering partidista. Es decir, que los partidos en el poder puedan diseñar mapas electorales con fronteras irregulares para debilitar al adversario político o concentrar ciertos votos en áreas específicas.
Eso fue precisamente lo que intentaron hacer los demócratas en Virginia, según alegaron los republicanos ante la corte estatal.
La disputa no se limita a Virginia y Tennessee. Texas, bajo el liderazgo del gobernador Greg Abbott, impulsó el año pasado un nuevo mapa electoral que podría otorgar cinco escaños adicionales a los republicanos. California también modificó sus distritos mediante consulta popular, mientras que Florida aprobó recientemente cambios similares impulsados por el gobernador republicano.
Cada diez años, tras el censo nacional, Estados Unidos redistribuye los 435 escaños de la Cámara de Representantes según el crecimiento poblacional de cada estado. Pero las disputas actuales ocurren fuera de ese ciclo regular, en lo que se conoce como “gerrymandering de mitad de década”, una práctica cada vez más agresiva y políticamente explosiva.
El clima político en Estados Unidos continúa endureciéndose. Ambos partidos buscan asegurar ventaja electoral a cualquier costo, mientras las cortes se convierten en árbitros de una guerra política que redefine las reglas del juego democrático.
En medio de esa tensión, el presidente Donald Trump ha intensificado su discurso sobre las elecciones de noviembre. En meses recientes ha pedido “nacionalizar” el proceso electoral, cuestionó la celebración de los comicios y promovió reformas que endurecerían los requisitos para votar.
En marzo, durante un acto en Miami, Trump aseguró que una nueva ley electoral garantizaría no solo la victoria republicana en noviembre, sino impediría que los demócratas vuelvan a ganar elecciones “en los próximos 50 años”.
Estados Unidos entra así en una nueva fase de confrontación política donde el mapa electoral ya no solo define territorios. También define poder.
