En un movimiento que ha generado controversia y debate a nivel nacional, el gobernador Jeff Landry firmó hoy la ley H.B. 71, que exige la exhibición de los Diez Mandamientos en todas las aulas de las escuelas públicas y privadas que reciben fondos estatales, así como en instituciones de educación superior. Esta medida, que ya ha sido objeto de una demanda por parte de varios grupos de defensa de los derechos civiles, entra en vigor de inmediato.
La ley H.B. 71, promovida por un grupo de legisladores estatales, requiere que cada aula muestre un póster o documento enmarcado de al menos 11 x 14 pulgadas, con los Diez Mandamientos impresos en una fuente grande y fácilmente legible. El texto debe ser la versión dictada por la legislatura del estado, y debe ser el “foco central” de la exhibición. El objetivo, según los legisladores que apoyaron la ley, es promover valores morales y éticos entre los estudiantes. Sin embargo, la ley también permite que las escuelas acepten donaciones para financiar estas exhibiciones, evitando así el uso obligatorio de fondos públicos.
La reacción no se ha hecho esperar. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), junto con la ACLU de Luisiana, Americans United for Separation of Church and State, y la Freedom from Religion Foundation, han anunciado que presentarán una demanda para desafiar la constitucionalidad de esta ley. En un comunicado conjunto, estos grupos argumentan que la ley viola la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la separación de la iglesia y el estado. Citaron el precedente del caso Stone v. Graham de 1980, donde la Corte Suprema dictaminó que la exhibición de los Diez Mandamientos en las aulas era inconstitucional.
Según los grupos que planean demandar, la ley H.B. 71 no solo impone una versión específica de los Diez Mandamientos, sino que también envía un mensaje excluyente a estudiantes y familias que no comparten esas creencias religiosas. Argumentan que esto puede crear un ambiente de coerción religiosa en las escuelas públicas, donde la diversidad de creencias debe ser respetada y protegida.
La ACLU y sus aliados están preparando su caso y planean presentar la demanda en los próximos días. El litigio promete ser un proceso largo y posiblemente llegará hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, dado el precedente existente y la significación constitucional del caso. Mientras tanto, las escuelas en Luisiana deberán comenzar a cumplir con los requisitos de la nueva ley, enfrentando un periodo de ajustes y posibles conflictos internos y comunitarios.
La situación en Luisiana se presenta como un punto crucial en el debate nacional sobre la libertad religiosa y la educación pública, y será observada de cerca por defensores y opositores en todo el país.
