Una jueza federal ordenó este domingo 11 de octubre que el Gobierno de Donald Trump cancele de inmediato los anuncios televisivos que promocionan al presidente y fueron financiados con dinero de los contribuyentes. La medida tiene una vigencia inicial de 14 días, mientras continúa una demanda que cuestiona el uso de recursos públicos para difundir mensajes políticos.
La jueza Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, también prohibió contratar, renovar o ampliar acuerdos para producir y transmitir los anuncios impugnados durante ese periodo. La orden constituye una medida de emergencia y no una sentencia definitiva sobre el caso.
La demanda fue presentada por Common Cause, el sindicato SEIU 32BJ, su comité político y Robert Hunter, candidato demócrata a la Cámara de Representantes de Alabama. Los demandantes sostienen que el Gobierno utilizó fondos destinados a otras funciones para financiar propaganda partidista antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre.
Según Associated Press, el Departamento de Seguridad Nacional destinó 20 millones de dólares de fondos públicos a la campaña publicitaria. La Casa Blanca ha defendido los comerciales como anuncios de servicio público, comparándolos con campañas de administraciones anteriores para divulgar políticas gubernamentales. Sin embargo, uno de los mensajes es casi idéntico a un anuncio utilizado por Trump durante su campaña presidencial de 2024.
Antes de la resolución, el Departamento de Justicia había argumentado que la intervención judicial era innecesaria porque la campaña estaba por concluir. Trump también anunció que los futuros anuncios serían financiados con recursos de MAGA Inc., en lugar de dinero del Gobierno federal.
La coalición demandante celebró la decisión y señaló que continuará el litigio para impedir que recursos aportados por los contribuyentes se utilicen para influir en resultados electorales. Por ahora, la orden obliga a suspender la publicidad cuestionada mientras el tribunal examina la legalidad de su financiamiento.
