Una jueza federal de Florida emitió este lunes un duro fallo contra el presidente Donald Trump, al concluir que utilizó el poder de la presidencia para intentar obtener beneficios personales mediante el sistema judicial.
La jueza Kathleen Williams, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, determinó que Trump, junto con sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr., así como la Organización Trump, actuaron de “mala fe” al retirar una demanda multimillonaria contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) a cambio de la creación de un fondo federal de 1,776 millones de dólares destinado a presuntas víctimas de la llamada “instrumentalización” del sistema de justicia.
En su resolución de 56 páginas, Williams afirmó que los demandantes utilizaron la presidencia para “manipular el proceso judicial y obtener beneficios que no podían conseguir mediante un litigio ordinario”.
La demanda, presentada en enero, reclamaba 10,000 millones de dólares por la filtración de información fiscal de Trump ocurrida en 2019. Sin embargo, fue retirada voluntariamente en mayo después de que los Departamentos de Justicia y del Tesoro acordaran crear el millonario fondo de compensación.
El fondo generó una fuerte controversia desde su anuncio. Diversos críticos lo calificaron como un mecanismo para beneficiar a personas involucradas en investigaciones relacionadas con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, luego de que Trump concediera indultos a los participantes de esos hechos al inicio de su segundo mandato.
El Departamento de Justicia sostuvo que el programa estaba abierto a cualquier persona que afirmara haber sido víctima de una supuesta persecución política, sin importar su afiliación ideológica.
No obstante, la jueza señaló que el acuerdo contemplaba reclamaciones relacionadas con investigaciones como el caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago y los sucesos del 6 de enero.
Williams también destacó que el convenio eximía a Trump, a sus hijos y a la Organización Trump de futuros procesos judiciales y sanciones fiscales.
“Ningún presidente en funciones ha demandado antes a agencias federales bajo su propio control para obtener beneficios económicos para sí mismo, su familia o sus allegados”, escribió la magistrada.
Como parte de su decisión, la jueza remitió al abogado de Trump, Alejandro Brito, al Colegio de Abogados de Florida para evaluar posibles medidas disciplinarias.
Asimismo, suspendió durante al menos un año la posibilidad de que el abogado Daniel Z. Epstein presente nuevos casos ante el Distrito Sur de Florida.
Además, ordenó que Trump, sus hijos y la Organización Trump no podrán presentar el supuesto acuerdo como evidencia o precedente en ningún procedimiento judicial, administrativo o arbitral.
La magistrada también les ordenó cubrir los honorarios de los abogados designados por el tribunal para revisar el caso.
El caso volvió a abrirse a finales de mayo después de que 35 exjueces federales solicitaran intervenir, argumentando que el acuerdo representaba un fraude al tribunal y era resultado de una supuesta colusión entre las partes.
Los abogados que representan a los exjueces celebraron el fallo y afirmaron que la decisión constituye “una victoria para el estado de derecho”.
Por su parte, los representantes legales de Trump sostuvieron que la demanda fue presentada a título personal y que el tribunal carecía de autoridad para revisar el acuerdo alcanzado con el gobierno.
La polémica también alcanzó al Congreso, donde incluso algunos legisladores republicanos cuestionaron la creación del fondo, lo que retrasó la aprobación de recursos para financiar parte de la agenda migratoria de la administración Trump.
El entonces fiscal general interino, Todd Blanche, declaró ante el Congreso el pasado 2 de junio que el gobierno eliminaría dicho fondo.
En respuesta al fallo, el equipo legal de Trump reiteró que el IRS permitió ilegalmente la filtración de información fiscal confidencial del presidente y de su familia, y aseguró que continuarán buscando responsabilidades contra quienes participaron en esa divulgación.
Por su parte, el Departamento de Justicia rechazó las conclusiones de la jueza, negó cualquier acto de colusión y sostuvo que los demandantes nunca recibieron dinero del fondo, el cual afirmó ya fue eliminado.
