La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes, 25 de septiembre, la reactivación temporal de una versión ampliada del sistema federal SAVE, una herramienta que el gobierno de Donald Trump busca utilizar para ayudar a los estados a verificar la ciudadanía de personas inscritas en los padrones electorales.
La decisión, emitida sin firma y por una mayoría de 6-3, suspende la orden de una jueza federal de Washington D.C. que había bloqueado en junio los cambios realizados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al sistema.
El caso es Department of Homeland Security v. League of Women Voters. La orden de la Corte Suprema no constituye todavía una decisión definitiva sobre el fondo del litigio. El bloqueo permanecerá suspendido mientras avanza la apelación y, eventualmente, cualquier revisión del caso por parte del máximo tribunal.
El sistema Systematic Alien Verification for Entitlements, conocido como SAVE, existe desde 1986 y fue creado originalmente para que agencias gubernamentales verificaran el estatus migratorio y la ciudadanía de personas que solicitaban determinados beneficios públicos.
La administración Trump amplió su funcionamiento en 2025 después de que el presidente firmara una orden ejecutiva que instruyó al DHS a establecer mecanismos para que las autoridades estatales y locales pudieran verificar la ciudadanía de personas registradas para votar o que buscaran registrarse.
La nueva versión incorporó información adicional de la Administración del Seguro Social (SSA), incluidos registros relacionados con números de Seguro Social, y permitió realizar búsquedas de múltiples personas al mismo tiempo.
Bajo el sistema modificado, una autoridad electoral puede enviar determinados datos de una persona a través de SAVE. La información es contrastada con registros federales y el sistema puede confirmar la ciudadanía o solicitar información adicional.
Cuando la ciudadanía no puede ser confirmada, las autoridades pueden pedir al votante que presente documentación para demostrar que es ciudadano estadounidense.
En su decisión, la mayoría de la Corte Suprema consideró que una disposición federal, 8 U.S.C. §1373, probablemente permite al DHS solicitar y recibir información relacionada con ciudadanía y estatus migratorio de otras agencias gubernamentales.
La mayoría también señaló que la misma legislación establece que el DHS debe responder a solicitudes de autoridades estatales y locales que buscan verificar la ciudadanía o el estatus migratorio de una persona.
Con base en esa interpretación, los magistrados concluyeron que el gobierno federal probablemente tiene posibilidades de prevalecer en su apelación contra el fallo que había bloqueado la versión modificada de SAVE.
Uno de los aspectos más importantes de la decisión es que la Corte Suprema no resolvió si los estados pueden utilizar este sistema para realizar cancelaciones sistemáticas de registros electorales durante los 90 días anteriores a una elección federal.
La Ley Nacional de Registro de Votantes establece que los estados deben completar, como máximo 90 días antes de una elección federal, los programas destinados a retirar sistemáticamente de los padrones los nombres de personas consideradas no elegibles.
La propia Corte reconoció que esa disposición limita el impacto inmediato de la reactivación de SAVE.
Sin embargo, los magistrados señalaron que las verificaciones individualizadas de ciudadanía no están prohibidas durante ese periodo. Por esa razón, concluyeron que el bloqueo judicial impedía al gobierno utilizar SAVE para ese tipo de verificaciones.
La Corte dejó expresamente pendiente esa cuestión y señaló que será analizada en otro caso, Republican National Committee v. Mi Familia Vota, identificado como No. 25-1017.
La controversia no se limita al acceso del gobierno a los datos. También existe una disputa sobre la precisión de las bases utilizadas para realizar las verificaciones.
La propia decisión de la Corte recoge el caso de una integrante de una de las organizaciones demandantes que ya era ciudadana estadounidense naturalizada, pero cuyos registros de la Administración del Seguro Social no reflejaban correctamente su ciudadanía. La mayoría reconoció que, de haberse mantenido vigente el programa bloqueado, esa persona probablemente habría tenido que presentar documentación adicional para demostrar que era ciudadana.
La jueza Ketanji Brown Jackson, junto con las magistradas Sonia Sotomayor y Elena Kagan, discrepó de la decisión.
En su opinión disidente, Jackson sostuvo que los registros de la SSA pueden estar desactualizados y que el uso ampliado de SAVE puede provocar que ciudadanos estadounidenses tengan que demostrar nuevamente su ciudadanía o enfrenten problemas con su registro electoral. Utah ofrece un ejemplo de la complejidad de las verificaciones
Un caso reciente en Utah muestra por qué los resultados iniciales de una base de datos no necesariamente equivalen a una determinación definitiva sobre la ciudadanía.
La oficina de la vicegobernadora de Utah informó en mayo que realizó una revisión de más de 2 millones de registros electorales utilizando, entre otras herramientas, SAVE.
La revisión confirmó 27 personas que no eran ciudadanos estadounidenses, quienes posteriormente fueron retiradas de los registros electorales.
Al mismo tiempo, el proceso identificó miles de registros que requerían verificación adicional. El informe oficial señaló que 99.72% de los votantes registrados en Utah podían ser verificados como ciudadanos estadounidenses, mientras que otros registros necesitaban documentación o investigación adicional.
Estos datos son relevantes porque muestran una diferencia entre una persona que aparece inicialmente como un posible caso que requiere revisión y una determinación oficial de que esa persona no es ciudadana.
Por el momento, los estados y gobiernos locales vuelven a tener acceso a la versión ampliada de SAVE mientras continúa el litigio.
Eso no significa que todos los votantes identificados por el sistema puedan ser eliminados automáticamente de los padrones, ni que la Corte haya autorizado una depuración masiva de registros inmediatamente antes de las elecciones.
La orden del viernes se refiere a la suspensión del bloqueo judicial y deja abierta una cuestión fundamental sobre los límites que impone la legislación federal a las cancelaciones sistemáticas durante los 90 días previos a una elección.
El debate continuará ahora en los tribunales, mientras los estados se preparan para las elecciones de medio mandato de 2026 y el gobierno federal busca ampliar el uso de información gubernamental para verificar la elegibilidad de los votantes.
Para los electores, particularmente aquellos cuyos registros federales pudieran contener información desactualizada, uno de los puntos centrales será cómo las autoridades estatales realizan las verificaciones adicionales antes de tomar cualquier decisión sobre su registro electoral.
La pregunta que queda abierta es hasta dónde puede llegar el uso de estas bases de datos sin convertir una herramienta de verificación en un mecanismo que termine afectando a ciudadanos que sí tienen derecho a votar.
Fuente: Corte Suprema de Estados Unidos
