La Casa Blanca advirtió que las investigaciones que preparan los demócratas sobre la administración de Donald Trump podrían derivar en consecuencias penales si, según el Ejecutivo, se utilizan para intimidar o acosar a funcionarios. El señalamiento abre un nuevo enfrentamiento con el Congreso antes de que la nueva mayoría asuma sus funciones en enero.
La advertencia quedó plasmada en una carta de tres páginas firmada por el asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, y dirigida al representante Robert Garcia, demócrata por California, quien se perfila para encabezar el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
Scharf sostuvo que las investigaciones deben tener un propósito legislativo legítimo y acusó a los demócratas de anticipar procedimientos destinados al hostigamiento político. También planteó que las amenazas contra funcionarios o las citaciones utilizadas para infundir temor podrían constituir una «criminalidad flagrante».
Garcia rechazó la advertencia y defendió la independencia del Congreso. El legislador acusó a la administración de intentar intimidar a quienes tendrán la responsabilidad de fiscalizar sus decisiones y aseguró que las amenazas no detendrán las investigaciones.
El enfrentamiento ocurre después de que Garcia pidiera públicamente a funcionarios del gobierno que contrataran abogados ante las pesquisas previstas para el próximo período legislativo.
Entre los asuntos que los demócratas buscan examinar están las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el manejo de los archivos de Jeffrey Epstein y posibles conflictos de interés relacionados con los negocios de la familia presidencial. Trump y la Casa Blanca han negado irregularidades.
La amenaza de consecuencias penales fue cuestionada por Peter M. Shane, profesor de derecho público de la Universidad de Nueva York, quien consideró que carece de fundamento jurídico. Explicó que la Constitución protege los actos legislativos oficiales como parte del equilibrio de poderes y que anular una citación en los tribunales no convierte su emisión, por sí misma, en un delito.
Por su parte, el fiscal general Todd Blanche dejó abierta en una entrevista con CNN la posibilidad de investigar conductas delictivas si las declaraciones de legisladores se convertían en amenazas. Posteriormente reconoció la autoridad del Congreso para supervisar al Ejecutivo y afirmó que el Departamento de Justicia continuará atendiendo sus solicitudes de información.
Durante el primer mandato de Trump, la resistencia de su administración a las investigaciones demócratas provocó prolongadas disputas judiciales. La advertencia actual agrega la posibilidad de procesos penales contra legisladores y anticipa una nueva batalla por el alcance de la supervisión del Congreso sobre la Presidencia.
Nota elaborada con información de The New York Times, Associated Press, Roll Call y Forbes. Punchbowl News reveló primero la existencia de la carta.
