Por: Manuel Duran:
La reciente visita del presidente Nayib Bukele a Estados Unidos ha sido catalogada por algunos sectores como un hecho “histórico”. Medios afines al oficialismo y voceros gubernamentales no tardaron en difundir imágenes cuidadosamente seleccionadas, mensajes grandilocuentes y declaraciones cargadas de optimismo. Sin embargo, más allá del simbolismo y la propaganda oficial, es necesario preguntarnos con seriedad: ¿realmente fue una visita de impacto positivo para el pueblo salvadoreño?
Si hablamos de historia, habría sido verdaderamente trascendental ver al mandatario salvadoreño gestionando acuerdos migratorios concretos y favorables para los millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos, muchos de ellos con un estatus legal incierto, enfrentando obstáculos laborales y amenazas constantes de deportación. También habría sido un logro significativo negociar la reducción de aranceles que dificultan la exportación de productos nacionales, abriendo oportunidades para la economía local y fortaleciendo la producción nacional. Pero no fue el caso.
En lugar de eso, lo que sí quedará registrado en comunicados, publicaciones y discursos es la promoción explícita e implícita del megaproyecto carcelario conocido como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un modelo de encarcelamiento masivo que ha sido duramente cuestionado por organismos nacionales e internacionales, incluyendo a Naciones Unidas y Amnistía Internacional, por las reiteradas denuncias de violaciones a derechos humanos.
Durante su estadía en Washington D.C., Bukele sostuvo reuniones con actores influyentes del sector privado y figuras políticas republicanas, incluyendo think tanks conservadores. En esos espacios, el presidente no se presentó como un jefe de Estado que busca cooperación bilateral o ayuda humanitaria para su país, sino como un líder que ofrece un modelo de “mano dura” exportable a otras naciones. Un modelo que, bajo el lema de la seguridad, ha institucionalizado el uso prolongado del régimen de excepción, la censura, y la concentración del poder.
La gran interrogante es: ¿qué gana El Salvador con esta visita? Para muchos ciudadanos, la respuesta es sencilla: nada. Mientras unos pocos se enriquecen con la industria del encarcelamiento, construyendo cárceles a gran escala y celebrando el “turismo de seguridad” que despierta la mega prisión, el país enfrenta una creciente precariedad económica, limitaciones en derechos fundamentales y un preocupante retroceso democrático.
Es crucial subrayar que este tipo de viajes no deben analizarse desde el fanatismo ni desde la ceguera ideológica. Es deber del periodismo —y también de la ciudadanía— observar con lupa los intereses que hay detrás de cada paso presidencial. No se trata de oponerse por oponerse, sino de exigir que los recursos, la diplomacia y la agenda exterior respondan a las verdaderas necesidades del pueblo salvadoreño.
No podemos confundir propaganda con progreso. No podemos aplaudir lo que no genera beneficios tangibles para la población. La historia no se escribe con discursos vacíos ni con shows mediáticos. La historia verdadera se construye con justicia social, dignidad humana y desarrollo integral.
Todo lo demás, por muy bien maquillado que esté, es puro espectáculo político.
