Amnistía Internacional (AI) señaló que las violaciones de derechos humanos registradas en El Salvador durante el régimen de excepción podrían constituir delitos de lesa humanidad, debido a que, según la organización, se han cometido de manera sistemática, prolongada y dirigida contra población civil.
El señalamiento está incluido en el informe “Seguridad sin derechos”, una investigación realizada durante cuatro años, entre 2022 y 2025, en la que Amnistía Internacional recopiló testimonios de víctimas, familiares, abogados, especialistas y exintegrantes de la Policía Nacional Civil. Además, revisó expedientes judiciales y documentación relacionada con casos de personas detenidas durante el régimen.
Según el informe, AI documentó 470 muertes dentro de centros penitenciarios de personas detenidas bajo estas medidas de excepción. La organización también analizó una muestra de 82 casos en los que identificó patrones relacionados con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, tratos crueles o degradantes y afectaciones al debido proceso.
Durante la presentación del informe, Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional, explicó que la organización utiliza el término “podrían” constituir crímenes de lesa humanidad porque corresponde a los tribunales determinar responsabilidades, pero afirmó que los hechos documentados cuentan con evidencia.
“No expresa una duda acerca de los hechos, los hechos están documentados. Amnistía Internacional no puede dictar una sentencia, lo que hacemos es documentar, preservar la evidencia, analizar a la luz del derecho internacional y exigir que las instituciones competentes actúen”, señaló Piquer.
En la presentación también participaron representantes de organizaciones de derechos humanos como Cristosal e InterJust. Noah Bullock, director de Cristosal, afirmó que las instituciones encargadas de proteger derechos humanos en El Salvador han perdido independencia y señaló casos de familias que, pese a contar con documentos de libertad, aseguran que sus familiares continúan detenidos.
Por su parte, Ignacio Jovtis, director para América Latina de InterJust, indicó que la coincidencia entre distintos informes de organizaciones internacionales representa un elemento relevante para el análisis de la situación.
El régimen de excepción fue aprobado en marzo de 2022 por el gobierno del presidente Nayib Bukele como una medida para combatir a las pandillas y ha sido prorrogado en más de 50 ocasiones.
Desde su implementación, las autoridades salvadoreñas reportan más de 92,000 personas detenidas, además del decomiso de miles de armas, vehículos y teléfonos celulares.
Amnistía Internacional señaló que El Salvador mantiene una de las tasas más altas de población privada de libertad en el mundo. De acuerdo con el organismo, aproximadamente el 1.8 % de la población del país se encuentra encarcelada, mientras que la cifra entre hombres alcanzaría el 3.3 %.
“Esta cifra récord no es un indicador de éxito, esta cifra es una expresión del problema”, afirmó Piquer, al señalar que detrás de las estadísticas existen familias que han buscado información sobre sus seres queridos detenidos.
Bukele ha defendido el régimen de excepción como una estrategia que permitió reducir los niveles de violencia en el país. También ha rechazado las críticas de organizaciones de derechos humanos y ha argumentado que las medidas priorizan la seguridad de la población.
Amnistía Internacional pidió al Estado salvadoreño establecer un plan para finalizar el régimen de excepción, restaurar las garantías del debido proceso, investigar de manera independiente las denuncias de tortura, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia, además de garantizar información pública sobre las personas privadas de libertad.
