Los votantes de Tennessee decidirán este noviembre el futuro de tres propuestas de enmienda a la Constitución estatal que abordan temas relacionados con la seguridad pública, los derechos de las víctimas de delitos y la prohibición de un impuesto estatal sobre la propiedad.
Las tres medidas aparecerán en la boleta electoral durante las elecciones para gobernador del 3 de noviembre y requerirán el respaldo de la mayoría de los votantes que participen en esos comicios para ser incorporadas a la Constitución de Tennessee.
La primera propuesta busca ampliar los casos en los que una persona acusada de un delito podría ser detenida sin derecho a fianza mientras espera juicio.
Actualmente, la Constitución de Tennessee solo permite negar la fianza en delitos capitales, como el asesinato en primer grado y la violación de menores de 12 años. De aprobarse la enmienda, los jueces tendrían la facultad de negar la fianza a personas acusadas de cualquiera de los 73 delitos graves que exigen cumplir al menos el 85% de una sentencia.
Entre esos delitos se encuentran el asesinato en segundo grado, actos terroristas, violación agravada de menores, homicidio vehicular, robo agravado y reincidencia en delitos relacionados con la fabricación o distribución de sustancias controladas.
La iniciativa fue impulsada por el presidente de la Cámara de Representantes de Tennessee, Cameron Sexton, quien sostiene que la medida ayudaría a evitar que delincuentes violentos recuperen su libertad y vuelvan a cometer delitos antes de ser juzgados. También afirma que obligaría a los jueces a justificar públicamente sus decisiones sobre la concesión o negación de la fianza.
Sin embargo, la propuesta enfrenta oposición. La Asociación de Agentes de Fianzas Profesionales de Tennessee anunció que planea realizar una campaña para rechazar la medida.
Los críticos argumentan que la enmienda debilitaría la presunción de inocencia, podría aumentar los costos para los condados al incrementar la población carcelaria y generaría diferencias en la aplicación de la justicia, ya que los jueces tendrían amplia discreción para decidir quién recibe o no el beneficio de la fianza.
Además, señalan que los 73 delitos incluidos en la propuesta no aparecerán detallados en la boleta electoral, lo que podría dificultar que los votantes comprendan completamente el alcance de la medida.
La segunda propuesta busca incorporar a la Constitución una prohibición expresa para que el estado imponga un impuesto sobre la propiedad.
Aunque Tennessee no ha aplicado este tipo de impuesto durante más de 75 años, líderes republicanos, legisladores, funcionarios locales y representantes de organizaciones empresariales y agrícolas han iniciado una campaña para respaldar la medida.
Entre los grupos que apoyan la propuesta se encuentran la Cámara de Comercio de Tennessee y la Oficina Agrícola de Tennessee, cuyos representantes participarán en campañas informativas en distintos condados del estado.
Los promotores sostienen que la enmienda garantizaría que futuras administraciones estatales no puedan establecer este tipo de gravamen sin modificar nuevamente la Constitución.
La tercera propuesta fortalecería los derechos constitucionales de las víctimas de delitos dentro del sistema judicial.
La enmienda garantizaría, entre otros aspectos, el derecho a recibir un trato justo y respetuoso de su seguridad y dignidad; ser notificadas de los procedimientos judiciales; asistir a las audiencias públicas; expresar su opinión en procesos relacionados con liberaciones, acuerdos de culpabilidad, sentencias y libertad condicional; y recibir información sobre la liberación, traslado o fuga de una persona condenada.
También reconoce el derecho de las víctimas a solicitar restitución económica por los daños sufridos, consultar con los fiscales del caso, recibir información sobre las sentencias y fechas de liberación previstas, así como estar protegidas contra actos de intimidación, acoso o abuso por parte de los acusados.
La medida busca ampliar la participación de las víctimas en cada etapa del proceso penal y reforzar las protecciones que reciben dentro del sistema de justicia.
Las tres propuestas serán sometidas a votación en noviembre y podrían representar algunos de los cambios constitucionales más significativos para Tennessee en los últimos años.
