Un cuarto de millón de venezolanos amaneció este viernes en la incertidumbre. Desde la medianoche, el Estatus de Protección Temporal (TPS) que los amparaba expiró, dejándolos vulnerables ante la deportación y frente a una dura disyuntiva: regresar a un país en ruinas o permanecer en la sombra, sin papeles, sin protección, pero con la esperanza de sobrevivir en Estados Unidos.
“No podemos regresarnos a Venezuela. Allá ya no queda nada para nosotros; prefiero quedarme en la clandestinidad”, dice Oriana, una venezolana de 38 años, madre de una adolescente de 15, que habló con la agencia EFE bajo condición de anonimato.
Durante más de cinco años vivió en Florida, pero hace unos meses decidió mudarse. La decisión del gobierno de Donald Trump de poner fin al TPS para los venezolanos la obligó a buscar un nuevo rumbo.
El TPS le daba permiso para trabajar y protección ante la deportación. Ahora, todo eso terminó.
“Dejé de usar el permiso, me estoy adaptando a mi nueva realidad”, comenta resignada. Oriana no quiere revelar en qué estado se establecerá ni cómo se sostendrá. Solo asegura que cambiará su número de teléfono y comenzará una “nueva vida”, lejos de la vista de las autoridades, pero aún dentro de Estados Unidos.
Sabe que la situación no es fácil, pero mantiene la fe. “Aprendí de los mexicanos y los centroamericanos que no hay que rendirse, que hay que aguantar hasta donde más se pueda”, afirma con determinación.
Esa resistencia es la que elogia José Palma, coordinador de la Alianza TPS, una coalición que ha presentado una demanda contra el gobierno de Trump para frenar la cancelación del programa.
“La lucha sigue en las cortes, no se ha dado la última palabra”, advierte el activista.
La demanda busca proteger a dos grupos: los beneficiarios originales de 2021, unos 250,000 venezolanos afectados desde hoy, y otros 350,000 que habían recibido una extensión en 2023. En total, cerca de 600,000 personas quedaron en riesgo de detención y deportación inmediata, la cifra más alta de migrantes que han perdido el TPS en la historia de este beneficio.
El caso ahora se encuentra en el Noveno Circuito de Apelaciones, donde los jueces escucharán los argumentos de ambas partes. El gobierno de Trump apeló un fallo previo que consideraba “arbitraria y caprichosa” la decisión de eliminar el amparo. Palma no descarta que el asunto termine nuevamente en la Corte Suprema.
“Ya ganamos una vez en la corte, podemos volver a lograrlo”, asegura con esperanza.
Mientras tanto, la realidad para miles de venezolanos cambia drásticamente. Muchos se enfrentan al miedo constante de ser detenidos. Fernando Romo, abogado de inmigración y asesor jurídico de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), explica que quienes ya tenían una orden de deportación previa corren el mayor peligro.
“El TPS suspendía esas órdenes, pero al perderlo, vuelven a activarse y los agentes migratorios pueden buscarlos en cualquier momento”, detalla Romo.
Aun así, el abogado recuerda que no todo está perdido. Existen otras alternativas, como la solicitud de asilo. “No son procesos fáciles de ganar, pero representan una posibilidad real para muchos”, agrega.
Mientras las cortes deciden y los políticos debaten, miles de familias venezolanas se preparan para una nueva etapa: la vida en la clandestinidad. Una vida de silencios, de cuidado extremo, de sobrevivir en un país que una vez les dio esperanza.
Y entre ellos, Oriana lo resume con palabras que reflejan el sentir de muchos:
“Estados Unidos nos dio una oportunidad. Ahora nos toca resistir, aunque sea en las sombras.”
