Jackson, Mississippi. — Las universidades públicas de Mississippi han comenzado a suspender la financiación a organizaciones estudiantiles, generando confusión e indignación en los campus. La medida surge a raíz de la polémica ley estatal que prohíbe los programas de diversidad, equidad e inclusión (conocida como DEI), actualmente bloqueada por un juez federal.
La suspensión es uno de los primeros efectos visibles de esta legislación, que, según abogados y activistas, podría tener amplias repercusiones en el sistema educativo del estado.
El Proyecto de Ley 1193 de la Cámara de Representantes busca prohibir cualquier programa o currículo relacionado con diversidad, equidad e inclusión en las escuelas públicas. Aunque incluye una exención para las organizaciones estudiantiles registradas, no protege los fondos provenientes de las cuotas de actividades estudiantiles.
El juez federal que detuvo temporalmente la ley argumentó que podría violar derechos fundamentales amparados por la Primera Enmienda. El fallo final podría tardar meses.
La Junta de Instituciones de Educación Superior (IHL), que supervisa las universidades públicas del estado, estableció que las cuotas de actividades estudiantiles aunque son pagadas directamente por los alumnos a través de la matrícula se consideran fondos estatales.
En la Universidad Estatal de Mississippi, los estudiantes pagan una tarifa fija de $25 por semestre. En la Universidad de Mississippi, la cuota es de $2 por cada hora de crédito matriculada.
“Las universidades cumplen con las leyes estatales y federales, incluido el requisito de la Primera Enmienda de que las cuotas se usen de manera neutral”, explicó John Sewell, director de comunicaciones de IHL, en un comunicado enviado a Mississippi Today.
El rector de la Universidad de Mississippi, Noel Wilkin, anunció el 29 de agosto por correo electrónico que la institución dejaría de distribuir directamente los fondos a los grupos estudiantiles. En su lugar, oficinas como Asuntos Estudiantiles y Recreación del Campus se encargarán de organizar actividades.
“En nuestra opinión, la cuota de actividades estudiantiles es su dinero, que la universidad mantiene en fideicomiso para que se utilice únicamente en programación estudiantil”, afirmó Wilkin.
En la Universidad Estatal de Mississippi ocurrió lo mismo: el 27 de agosto, la Asociación de Estudiantes notificó a las organizaciones del campus que ya no podía distribuir fondos debido a la ley estatal.
La reacción estudiantil no se hizo esperar. Jack Jones, presidente del Cuerpo Estudiantil Asociado en la Universidad de Mississippi, expresó su decepción en un comunicado:
“La cuota fue creada por estudiantes, es administrada por estudiantes y se asigna a los estudiantes. Esta decisión tendrá graves implicaciones para nuestras organizaciones”.
Jones aseguró que trabajará con líderes de otras universidades para exigir que el proceso de financiamiento regrese a manos de los alumnos.
Calvin Wood, estudiante de último año y líder en varios clubes, fue más tajante:
“Es como el alma de nuestro sistema de actividades estudiantiles. Muchos estamos bastante molestos. Sin dinero, no podremos traer ponentes, organizar eventos o incluso ofrecer comida en actividades que atraen gente”.
El semestre pasado, la Asociación de Estudiantes en la Universidad Estatal asignó cerca de $47,000 a 87 organizaciones. Ahora, esos recursos permanecen congelados.
Los críticos de la ley advirtieron durante el verano que las restricciones ya estaban creando un “efecto disuasorio” en universidades y escuelas. Un ejemplo ocurrió en abril, cuando la Universidad de Mississippi retiró su apoyo al Desfile del Orgullo de Oxford.
Mientras tanto, estudiantes buscan alternativas para no dejar morir sus grupos: desde recaudar fondos con negocios locales hasta abrir cuentas bancarias independientes.
La incertidumbre persiste, pero una cosa está clara: los jóvenes universitarios de Mississippi sienten que les han arrebatado más que un presupuesto. Les han quitado voz en la vida de sus propios campus.
