NASHVILLE, TN — Una camioneta Chevrolet Suburban circulaba apresurada por la Interestatal 40, en dirección este, cuando un agente de la Policía Estatal de Tennessee notó su velocidad y decidió detenerla cerca de Cookeville. Era el 30 de noviembre de 2022, y lo que parecía una infracción de tránsito común se transformaría, dos años después, en el epicentro de un caso federal por presunto tráfico de personas.
Al volante estaba Kilmar Ábrego García, un salvadoreño residente en Maryland que, según documentos judiciales, ingresó de manera irregular a Estados Unidos hace más de una década. Dentro del vehículo viajaban otros nueve hombres, todos hispanos. Ábrego dijo que regresaban a Maryland desde St. Louis, donde trabajaban en construcción. Sin embargo, el relato dejó dudas.
Los pasajeros no llevaban identificaciones, ni equipaje, ni herramientas de trabajo. Varios dijeron dirigirse a una misma dirección en Maryland. Aun así, el oficial sólo emitió una advertencia por conducir con licencia vencida y permitió que siguieran su camino.
Ese momento, aparentemente insignificante, se convirtió en la piedra angular de una acusación federal revelada el pasado 6 de junio, cuando Ábrego García fue formalmente imputado por conspirar para transportar migrantes indocumentados con fines de lucro, como parte de una presunta red internacional de tráfico de personas.
Una audiencia entre la incertidumbre y la esperanza:
El 13 de junio, Ábrego compareció ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Nashville, donde se declaró inocente de los cargos. Su esposa, Jennifer Vásquez Sura, viajó desde Maryland para estar presente. Afuera del tribunal, habló entre lágrimas con la prensa.
“Mi hijo se gradúa de kínder hoy en Maryland. Y está solo. Yo estoy aquí luchando por su padre, para que regrese a casa”, dijo.
Recordó las palabras de su esposo desde la cárcel:
“Sigan orando y luchando, porque la luz siempre llega pronto para todos nosotros”.
Ábrego enfrenta hasta 10 años de prisión por cada persona transportada, y la fiscalía asegura que hizo más de 100 viajes. El caso, además, revive los cuestionamientos a la dura política migratoria de la administración Trump, que deportó a Ábrego en marzo pese a una orden judicial que lo prohibía. Fue recluido en una prisión en El Salvador hasta que, en un giro inesperado, fue traído de regreso a EE. UU. el mismo día que se reveló la acusación en su contra.
Legalidad cuestionada y motivaciones políticas:
Los abogados defensores afirman que el caso está marcado por irregularidades, empezando por su deportación “por error” y el largo tiempo transcurrido entre la parada de tráfico y los cargos.
“El Sr. Ábrego García solicita a la Corte lo que se le ha negado en los últimos meses: el debido proceso”, escribieron sus abogados.
Además, su abogado de inmigración, Simon Sandoval-Moshenberg, criticó duramente la conducta del gobierno:
“Lo desaparecieron. Lo mandaron a una prisión extranjera violando una orden judicial. Y ahora lo traen no para corregir su error, sino para enjuiciarlo. Esto no es justicia, es un abuso de poder”.
El caso también habría provocado la renuncia de Ben Schrader, jefe de la división penal en la Fiscalía del Distrito Medio de Tennessee, quien —según fuentes— abandonó su cargo el día de la imputación, molesto por el rumbo del proceso.
Las dudas clave del caso:
¿Por qué el gobierno esperó más de dos años para presentar cargos si ya tenía sospechas? ¿Por qué se juzga en Tennessee y no en Maryland, donde Ábrego vivía cuando fue arrestado en marzo? ¿Y qué motivó el cambio repentino de la fiscalía para traerlo de vuelta al país?
La fiscal general Pam Bondi, al ser consultada, respondió con un mensaje político claro:
“Lo que ha cambiado es que Donald Trump es ahora presidente de Estados Unidos y nuestras fronteras vuelven a estar seguras”.
¿Pruebas suficientes?
Expertos legales también se muestran escépticos. El abogado defensor David Raybin, aunque no está vinculado al caso, cuestionó la solidez de la acusación y anticipó que la defensa podría pedir la desestimación por el retraso.
“Muchas pruebas tienen ya cuatro o cinco años. Los testigos podrían no estar. ¿Dónde ha estado este caso todo este tiempo?”, dijo Raybin.
Según la acusación, Ábrego formaba parte de una red que introducía migrantes desde Centroamérica y Sudamérica, cruzando México hasta Texas. Supuestamente, él se encargaba de transportarlos dentro del país, especialmente desde Houston. Incluso se menciona que en algunos viajes fue acompañado por miembros de la MS-13.
Sin embargo, cuando la policía lo detuvo en 2022, Ábrego dijo que sus pasajeros venían de St. Louis, algo que fue desmentido por datos de lectura de matrículas que ubicaban el vehículo en Houston.
Raybin advirtió que el testimonio de presuntos cómplices no será suficiente:
“En la práctica, necesitas más que un grupo de soplones en prisión, porque muchos serán deportados. Ese es un problema crucial”.
Aun así, el caso está lanzado. La jueza Barbara Holmes evaluará si Ábrego García puede continuar su defensa en libertad mientras las interrogantes políticas, legales y humanas siguen marcando el rumbo de un proceso que comenzó con una simple parada de tráfico.
