El Gobierno del presidente Donald Trump ha retomado una de sus estrategias más controvertidas: despojar de la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que enfrentaron o enfrentan acusaciones por delitos civiles. Esta directiva, que muchos consideran un retroceso a prácticas del pasado, abre una nueva etapa de incertidumbre para millones de ciudadanos naturalizados en el país.
El 11 de junio, el Departamento de Justicia emitió un memorando autorizando a sus abogados a iniciar procedimientos civiles para revocar la ciudadanía a personas que “obtuvieron ilegalmente” su naturalización o la consiguieron mediante “la ocultación de un hecho material o la tergiversación deliberada”.
Lo más preocupante, según expertos legales, es que al tratarse de procedimientos civiles, los afectados no tienen derecho constitucional a un abogado, lo que los deja en situación de clara desventaja frente al aparato legal del Estado. Además, el Gobierno enfrenta un estándar más bajo para probar su caso en un juicio civil, lo que facilita la revocación de la ciudadanía sin el mismo nivel de garantías que en un proceso penal.
La medida, según el mismo memorando, se enfocará especialmente en personas involucradas en crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales, violaciones graves a los derechos humanos o condenadas por delitos considerados una amenaza para Estados Unidos. Sin embargo, también abre la puerta a casos menos graves, como fraudes financieros, engaños en formularios migratorios, o estafas al sistema de salud pública como Medicaid o Medicare.
La decisión otorga a los abogados del Departamento de Justicia un amplio margen de discreción. “La división dará prioridad y perseguirá al máximo los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y apoyados por la evidencia”, escribió Brett A. Shumate, fiscal general adjunto, quien aseguró que esta política será una de las cinco prioridades clave de la División de Derechos Civiles.
Ya hay acciones concretas. El 13 de junio, un juez ordenó la desnaturalización de Elliott Duke, ciudadano británico y exmilitar estadounidense, condenado por distribución de material de abuso sexual infantil, un crimen que admitió haber cometido antes de obtener la ciudadanía.
La práctica de revocar ciudadanías no es nueva. Durante la era McCarthy, entre los años 40 y 50, fue una herramienta utilizada contra supuestos comunistas. También se recurrió a ella durante el mandato de Barack Obama, aunque con menor frecuencia. Trump la promovió durante su primer mandato, y ahora, al buscar regresar a la Casa Blanca, parece reactivarla con más fuerza.
En cifras, cerca de 25 millones de inmigrantes eran ciudadanos naturalizados en EE.UU. hasta 2023, según el Migration Policy Institute. Sin embargo, incluso en los años más agresivos del primer mandato de Trump, las desnaturalizaciones representaron menos del 0.5% de los casos, frente a las entre 700,000 y 800,000 naturalizaciones anuales registradas desde 2010, de acuerdo con datos de la Oficina de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Aun así, los temores son reales. “Se trata, en cierto modo, de crear una segunda clase de ciudadanos estadounidenses”, denunció Sameera Hafiz, directora de políticas del Centro de Recursos Legales para la Inmigración, en declaraciones a NPR.
Para el abogado de inmigración Mario Lovo, entrevistado por Noticias Telemundo, los procesos de desnaturalización son “largos, tediosos y costosos para el Gobierno”. Pero ahora, con un nuevo impulso político detrás, la preocupación se centra en cómo y contra quiénes se aplicará esta herramienta.
En un país donde tantos inmigrantes han hecho su vida, trabajado, pagado impuestos y criado familias, volver a cuestionar su ciudadanía abre heridas profundas y revive el fantasma de un trato desigual ante la ley. Porque, como muchos advierten, la ciudadanía no debería ser un privilegio revocable, sino un derecho plenamente garantizado.
