Las calles de Memphis amanecieron bajo una vigilancia inusual. Tropas de la Guardia Nacional, enviadas por orden del presidente Trump y con la autorización del gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, comenzaron a patrullar zonas estratégicas de la ciudad. Mientras tanto, tribunales federales en otros estados han frenado intentos similares de despliegue en Chicago y Portland, Oregon.
El viernes, militares uniformados y armados recorrieron los alrededores de una tienda Bass Pro Shops y un centro de bienvenida para turistas junto al río Mississippi. Hasta el momento, se desconoce el número exacto de efectivos desplegados.
Un despliegue polémico:
Trump anunció el pasado 15 de septiembre su intención de enviar tropas a Memphis como parte de una operación nacional para reforzar las acciones policiales en ciudades con altos índices de criminalidad. Bill Lee respaldó el plan, argumentando que “la seguridad ciudadana requiere apoyo federal coordinado”.
El alcalde de Memphis, Paul Young, de filiación demócrata, aclaró que su administración no solicitó la presencia de la Guardia Nacional, aunque expresó la esperanza de que el operativo “se enfoque en delincuentes violentos y no en intimidar a los residentes”.
Según fuentes federales, desde el inicio del operativo el 29 de septiembre, agentes del FBI, DEA, ICE y el Servicio de Alguaciles de EE. UU. han realizado cientos de arrestos y emitido más de 2,800 citaciones de tráfico. Se estima que entre los arrestados ya van más de 100 inmigrantes según el calculo hecho por Vecindarios 901 en declaraciones a Memphis Noticias la semana pasada.
Tribunales detienen despliegues en otros estados:
A diferencia de Tennessee, donde el gobernador dio su visto bueno, los tribunales de Illinois y Oregon bloquearon los intentos de Trump de enviar tropas de la Guardia Nacional a Chicago y Portland.
En Chicago, la jueza federal April Perry dictaminó que la administración Trump violó la Décima Enmienda, que protege las competencias estatales, y la Decimocuarta, que garantiza el debido proceso. En su resolución, Perry recordó que incluso Alexander Hamilton consideró “absurdo” usar la milicia de un estado para fines de represalia política.
“El tribunal confirmó lo que todos sabemos: no hay rebelión ni motivo legal para militarizar las calles de nuestras ciudades”, afirmó el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker.
En Oregon, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito sigue evaluando una medida similar que también mantiene detenidos los despliegues en Portland.
Tensiones con el Congreso:
Los senadores de Illinois, Dick Durbin y Tammy Duckworth, denunciaron que se les negó el acceso a las instalaciones de ICE en Broadview, donde se han producido enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales.
“Es terrible que a dos senadores estadounidenses no se les permita visitar estas instalaciones. ¿De qué tienen miedo?”, cuestionó Duckworth. Durbin fue más directo: “Algo está sucediendo ahí dentro que no quieren que veamos”.
Una nación dividida entre seguridad y soberanía:
Mientras en Memphis las tropas continúan bajo el mando del gobernador Lee, en otras ciudades crece la preocupación por el uso político de la Guardia Nacional. El fallo de Perry y la respuesta de los estados dejan claro que el país sigue dividido sobre hasta dónde puede llegar el poder federal en nombre de la seguridad pública.
En las riberas del Mississippi, los habitantes de Memphis observan a los soldados patrullar sus calles con una mezcla de inquietud y resignación. Algunos confían en que su presencia reduzca la violencia; otros temen que sea el inicio de una militarización que nadie pidió.
