Un panel de tres jueces de un tribunal estatal falló el martes en contra de la NAACP en la demanda que impugnaba el nuevo mapa de distritos congresionales de Tennessee, una redistribución que dividió a Memphis ciudad con mayoría afroamericana en tres distritos electorales.
La decisión representa un nuevo revés para quienes cuestionan los cambios aprobados por la Asamblea General de Tennessee tras el debilitamiento de la Ley de Derechos Electorales por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos.
El panel ordenó el sobreseimiento definitivo del caso.
En el fallo, los jueces determinaron que la inmunidad soberana la protección legal que impide demandar al estado sin su consentimiento aplica al gobernador Bill Lee y a la Asamblea General de Tennessee. Sin embargo, concluyeron que esa protección no se extendía al secretario de Estado, Tre Hargett, ni al coordinador electoral, Mark Goins.
A pesar de ello, el tribunal consideró que únicamente uno de los demandantes, Devante Hill, tenía legitimación activa para presentar la demanda. Hill había sido candidato al Noveno Distrito Congresional antes de la redistribución de distritos.
No obstante, los jueces concluyeron que todas las alegaciones legales y constitucionales presentadas por Hill carecían de fundamento.
Durante una audiencia celebrada el pasado 21 de mayo, los demandantes argumentaron que la Asamblea General se había extralimitado respecto a la proclamación emitida por el gobernador Lee para convocar una sesión legislativa extraordinaria destinada a aprobar los nuevos mapas electorales.
Según los demandantes, al derogar —y no simplemente suspender— la ley que impedía modificar distritos entre diferentes circunscripciones, los legisladores excedieron el mandato del gobernador de “facilitar las elecciones de 2026”, incurriendo así en una violación de la Constitución de Tennessee.
Sin embargo, el panel rechazó ese argumento y concluyó que las acciones de la Asamblea General estaban “justamente contenidas” dentro de la proclamación del gobernador.
“El enfoque de los peticionarios implicaría que el Poder Judicial microgestionara al Poder Legislativo, su igual en jerarquía”, señala la orden judicial.
“Esto, el Tribunal no debería hacerlo. Además, no está capacitado ni tiene la facultad para ello”, agregaron los jueces.
Aunque esta demanda estatal fue desestimada, las impugnaciones legales contra los nuevos mapas electorales continúan en un tribunal federal.
Todos los casos federales fueron consolidados y asignados al juez presidente de distrito William L. Campbell, quien ya ha rechazado solicitudes de órdenes de restricción temporales contra los mapas electorales en al menos dos casos.
Los demandantes aún buscarán una medida cautelar preliminar ante un panel federal de tres jueces. Sin embargo, en un memorándum presentado el lunes, Campbell advirtió que la posibilidad de generar confusión entre los votantes en medio de litigios activos, tan cerca de las elecciones, “desaconseja firmemente” emitir una medida cautelar.
