La política de detención obligatoria impulsada por la administración del presidente Trump recibió un nuevo revés judicial, luego de que un tribunal federal de apelaciones determinara que los inmigrantes detenidos por motivos migratorios tienen derecho a una audiencia para solicitar libertad bajo fianza.
El pasado 2 de julio, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos resolvió, en una decisión dividida de 2 votos contra 1, que las personas sujetas a esta política deben recibir una audiencia para determinar si pueden obtener una fianza dentro de un plazo máximo de 90 días tras su detención. Uno de los magistrados de la mayoría consideró que ese plazo debería reducirse a 30 días.
El juez que votó en contra sostuvo que la política de detención sin posibilidad de fianza es constitucional y respaldó la postura del gobierno federal.
La política implementada en 2025 buscaba mantener detenidos indefinidamente, sin derecho a fianza, a millones de inmigrantes que en algún momento ingresaron de manera irregular a Estados Unidos. Sin embargo, la medida ha enfrentado una fuerte oposición en distintos tribunales federales, incluidos jueces nombrados por el propio Trump, quienes han considerado que la práctica viola derechos constitucionales.
El fallo del Quinto Circuito tiene un impacto directo en Luisiana, Misisipi y Texas, estados que albergan algunos de los centros de detención para inmigrantes más grandes del país y a donde con frecuencia son trasladadas personas detenidas en otras regiones.
“Dado que ICE traslada a las personas detenidas con tanta rapidez y frecuencia, aislándolas de sus abogados, familias y redes de apoyo, muchos neoyorquinos permanecen en centros de detención en estos estados”, señaló Reed Dunlea, portavoz de la Coalición de Inmigración de Nueva York.
El caso fue presentado por el Consejo Estadounidense de Inmigración y se centró en tres residentes de Texas con varios años viviendo en Estados Unidos, sin antecedentes penales y con hijos ciudadanos estadounidenses. Los tres fueron detenidos durante controles de tránsito.
Rebecca Cassier, abogada del Consejo Estadounidense de Inmigración, afirmó que la decisión confirma que “los derechos constitucionales no desaparecen simplemente porque una persona se encuentre en un proceso migratorio”.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expresó su desacuerdo con el fallo y manifestó su confianza en que la Corte Suprema terminará respaldando la legalidad de la política de detención obligatoria.
Esta decisión modifica parcialmente un fallo emitido por el mismo tribunal en febrero, cuando había permitido la detención indefinida de algunos inmigrantes en esos estados. Mientras tanto, otros tribunales federales han llegado a conclusiones diferentes y han declarado inconstitucional la medida.
Hasta ahora, únicamente el Octavo Circuito de Apelaciones ha respaldado la política de detención obligatoria, aplicable en Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur.
En paralelo, un tribunal federal de California declaró inconstitucional la política a nivel nacional dentro de una demanda colectiva. Aunque esa decisión fue suspendida temporalmente durante el proceso de apelación, continúa vigente en parte de California y ha servido como referencia para otros jueces federales que han ordenado la liberación de inmigrantes detenidos.
Según cifras recientes, la población de inmigrantes bajo custodia alcanzó un máximo de más de 70,000 personas en enero. Para abril, el número descendió a aproximadamente 60,000 detenidos, en medio de la controversia y las protestas por la aplicación de esta política en varios estados.
Además, los datos muestran una reducción en el porcentaje de arrestos migratorios que terminan en detención. Mientras que el año pasado el 38 % de los arrestos resultaban en encarcelamiento, entre marzo y mayo esa cifra cayó al 17 %, a pesar de que la administración Trump mantiene el objetivo de incrementar significativamente el número de arrestos diarios.
Las estadísticas también indican que menos del 30 % de los inmigrantes detenidos en abril tenían antecedentes penales, incluyendo infracciones de tránsito y delitos relacionados con inmigración. La mayoría permanecía detenida únicamente por violaciones a las leyes migratorias o por enfrentar cargos penales aún pendientes.
