En un movimiento que ha encendido el debate sobre los límites del poder estatal en asuntos migratorios, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ha propuesto la creación de una oficina estatal de control de inmigración. Esta agencia central, que contaría con poderes de ejecución y una colaboración más estrecha con los tribunales federales, sería parte de un plan que también incluye el uso de tribunales estatales para agilizar la deportación de personas indocumentadas.
El anuncio, realizado mediante una proclamación que convoca a una sesión legislativa especial a partir del 27 de enero, detalla un fondo destinado a financiar esta nueva estructura, aunque el gobernador no ha precisado aún los costos estimados del proyecto.
Lisa Sherman Luna, directora ejecutiva de la Coalición de Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC), expresó su preocupación por el impacto de esta propuesta:
“El intento del estado de hacer lo que el gobierno federal le ordena sienta un precedente peligroso para todos nosotros y nuestros derechos constitucionales”.
El gobernador Lee, claramente influenciado por la agenda de inmigración del expresidente Donald Trump, planea activar a la Guardia Nacional para colaborar en la deportación de personas indocumentadas. Trump, quien declaró recientemente una emergencia nacional en la frontera con México, busca deportar hasta 18 millones de personas y eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, garantizada por la Decimocuarta Enmienda.
En paralelo, 22 estados han presentado demandas para frenar los esfuerzos de la administración Trump por limitar los derechos de los inmigrantes.
El vicegobernador Randy McNally apoyó la inclusión de esta medida en la sesión especial, argumentando que la prioridad debe ser expulsar rápidamente a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales graves:
“El presidente Trump ha dejado en claro que tiene la intención de revertir la invasión de inmigración ilegal de Biden de inmediato”, comentó McNally.
Bajo las leyes actuales, la responsabilidad de manejar la inmigración recae principalmente en las autoridades federales, con cierta colaboración local. Sin embargo, el plan de Lee ampliaría la participación estatal y penalizaría a los funcionarios locales que implementen políticas de “ciudad santuario”, las cuales están prohibidas en Tennessee.
Asimismo, se revisarán los documentos de identidad emitidos por el estado para determinar el estatus migratorio de las personas y su elegibilidad para votar o recibir servicios gubernamentales.
Proyectos de ley adicionales buscan ampliar las acciones contra inmigrantes indocumentados, como una iniciativa del representante Gino Bulso que obligaría a las instituciones financieras a verificar el estatus migratorio de quienes envían dinero fuera del país. Otro proyecto, liderado por el senador Shane Reeves, propone un estudio exhaustivo sobre las detenciones y deportaciones en el estado.
Sin embargo, no todos los legisladores están alineados con las medidas más estrictas. El senador Todd Gardenhire propone eximir a estudiantes inmigrantes indocumentados de ser reportados automáticamente a las autoridades federales, una iniciativa que contrasta con las políticas más rígidas aprobadas en 2024.
El plan de Lee se discutirá durante la sesión especial junto con otros temas estatales, como la ayuda a las comunidades afectadas por el huracán Helene y el desarrollo de proyectos de infraestructura. No obstante, su propuesta migratoria ha captado la mayor atención, generando tanto apoyo como rechazo en un estado que ya ha enviado tropas a la frontera con México en varias ocasiones.
El alcance de estas medidas podría sentar precedentes significativos no solo en Tennessee, sino también en otros estados interesados en seguir un camino similar.
La propuesta del gobernador Lee de establecer una oficina estatal de control de inmigración plantea preguntas importantes sobre los límites entre el poder estatal y federal, los derechos de los inmigrantes y las implicaciones sociales de tales políticas. Mientras tanto, los ojos de la nación estarán puestos en Tennessee durante las próximas semanas, a la espera de los resultados de esta controversial sesión especial.
