Nashville, Tennessee — En Tennessee, recuperar el derecho al voto tras una condena por delito grave ha dependido, hasta ahora, de una exigencia que muchos consideran insólita: también es necesario restablecer el derecho a portar armas. Esta conexión inusual incluso entre los estados más conservadores del país podría llegar a su fin gracias a un nuevo proyecto de ley aprobado recientemente por la legislatura estatal, de mayoría republicana.
La propuesta, aún pendiente de la firma del gobernador Bill Lee, busca separar formalmente los llamados “derechos de ciudadanía plena” —entre ellos, el voto, el porte de armas, el derecho a ocupar cargos públicos, actuar como fiduciario o formar parte de un jurado, permitiendo que los jueces los evalúen y restituyan de forma independiente.
Sin embargo, defensores de los derechos civiles advierten que la medida es apenas un paso inicial frente a un proceso aún desigual y profundamente restrictivo que, en la práctica, excluye a casi medio millón de residentes de Tennessee del sistema democrático. Entre ellos, uno de cada cinco adultos afroamericanos, de acuerdo con estimaciones de The Sentencing Project.
Un proceso restrictivo y costoso
Desde 2023, luego de una interpretación judicial, las autoridades electorales de Tennessee comenzaron a exigir que una persona haya recuperado su derecho al porte de armas para poder votar. Este cambio endureció aún más un sistema ya complejo y con múltiples trabas burocráticas.
Actualmente, una persona condenada debe no solo cumplir su condena, sino también demostrar que está al día con el pago de manutención infantil, costas judiciales y otros requisitos. Posteriormente, debe convencer a un juez de restituirle sus derechos —un proceso que puede incluir costos elevados, documentación difícil de obtener y resultados inciertos— o solicitar un indulto al gobernador.
Entre noviembre de 2021 y julio de 2023, se registraron 731 restituciones del derecho al voto, frente a 437 denegaciones y 154 cancelaciones. Pero desde el endurecimiento del proceso en julio de 2023, las cifras se redujeron drásticamente: solo 126 restituciones frente a 257 denegaciones y 163 cancelaciones.
Qué cambiaría con el nuevo proyecto de ley
La nueva legislación permitiría a los solicitantes elegir cuáles derechos desean recuperar y presentar pruebas de elegibilidad —como declaraciones juradas y registros certificados— ante un juez. Si no hay objeciones de la fiscalía o del fiscal general del estado, el juez podría aprobar la solicitud sin audiencia. Con esa orden judicial, el solicitante obtendría su tarjeta de registro de votante.
No obstante, seguirían excluidos quienes hayan sido condenados por delitos como traición, asesinato en primer grado o violación agravada.
Persisten las barreras
Organizaciones defensoras del derecho al voto sostienen que el proyecto no elimina los obstáculos más importantes. Entre ellos, el requisito de probar la elegibilidad mediante “preponderancia de la evidencia” —un estándar legal más alto que el actual—, el posible cobro de costas judiciales si la persona no es considerada indigente, y el uso de declaraciones juradas que podrían exponer a los solicitantes a cargos por perjurio si los registros son incompletos o inexactos.
También persiste la falta de claridad sobre qué funcionarios están autorizados para firmar los formularios requeridos, uno de los puntos clave en una demanda federal que desde 2020 impugna el sistema de restauración del voto en Tennessee. Aún no está claro cómo la nueva ley afectará ese litigio en curso.
Una mirada a otros estados
Mientras Tennessee endurece sus requisitos, muchos otros estados —tanto de mayoría demócrata como republicana— han optado por flexibilizar el camino de reintegración. En casi la mitad del país, el derecho al voto se restaura automáticamente tras la liberación de prisión. En 15 estados, ocurre al concluir la libertad condicional o un período similar, aunque puede implicar el pago de costas pendientes.
En contraste, diez estados —entre ellos Tennessee y Virginia— requieren intervenciones adicionales del gobierno. En Virginia, por ejemplo, solo el gobernador puede restablecer el derecho al voto.
En casos aún más avanzados, como Maine y Vermont, las personas mantienen su derecho al voto incluso mientras están encarceladas, reafirmando un principio básico de participación democrática, independientemente de las circunstancias penales.
Tennessee se encuentra en una encrucijada: ¿quiere facilitar la reinserción plena de sus ciudadanos o seguirá imponiendo barreras que perpetúan la exclusión? El futuro del voto de cientos de miles de residentes y la salud democrática del estado podría depender de esa respuesta.
