Nashville, Tenn.— Un legislador de Tennessee ha presentado una controvertida propuesta de ley que, en ciertos casos, obligaría a las agencias estatales de seguridad a trasladar a las personas indocumentadas bajo su custodia a la ciudad santuario más cercana fuera del estado. Este proyecto, titulado “Ley de Inmigración Ilegal de Tennessee” (HB0010), es impulsado por el representante estatal Todd Warner, republicano del distrito 92 de Chapel Hill.
El objetivo central de la medida es ordenar a las agencias de aplicación de la ley de Tennessee que soliciten una orden de detención al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cada vez que encuentren a una persona en el país sin autorización legal. Si ICE emite la orden, el proyecto de ley permite a las agencias de seguridad locales mantener a la persona bajo custodia hasta el máximo tiempo autorizado en dicha orden, o hasta que el ICE asuma la custodia del detenido.
Sin embargo, el proyecto de ley contempla una acción más polémica en caso de que no se reciba la orden de ICE, esta expire sin que el ICE haya intervenido, o el detenido no sea transferido a custodia federal a tiempo. En tales circunstancias, la propuesta instruye a las autoridades locales a transportar al individuo a una ciudad santuario situada fuera de Tennessee y hasta 700 millas de distancia de la agencia que lo tenga bajo custodia.
El texto del proyecto especifica que la “agencia deberá proporcionar transporte al individuo a una ciudad con políticas de santuario elegida por la agencia, ubicada fuera de este estado y dentro de un radio de setecientas (700) millas”. Este paso convierte la propuesta en un acto que busca claramente desplazar la responsabilidad de las autoridades locales hacia otras jurisdicciones.
Además, el proyecto de ley establece que las agencias de seguridad deberán documentar de manera detallada los costos mensuales asociados con el traslado y mantenimiento de los detenidos. Dichos costos serán enviados al Departamento de Ingresos del estado, que gestionará el reembolso de los mismos al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Si el reembolso federal no se realiza dentro de los 30 días estipulados, Tennessee recurriría a retener los pagos equivalentes en impuestos federales sobre el combustible.
Este proyecto de ley, aunque aún en fase de discusión, promete generar un intenso debate en el Capitolio de Tennessee y entre las comunidades de derechos humanos y defensa de los inmigrantes, que ven esta iniciativa como una estrategia de “desplazamiento” de personas indocumentadas hacia otras ciudades que, por sus políticas, estarían en mejor disposición de recibirlas.
El impacto de esta propuesta y su eventual implementación representan temas de gran importancia, pues reflejan las tensiones en el manejo de la inmigración a nivel estatal y federal en Estados Unidos, donde la colaboración o falta de ella entre entidades locales y federales continúa en el centro del debate.
