NASHVILLE, TN – Un nuevo proyecto de ley impulsado por líderes republicanos de Tennessee amenaza con cambiar radicalmente la manera en que los gobiernos locales interactúan con las agencias federales de inmigración. La propuesta, presentada el 9 de junio por el presidente de la Cámara de Representantes Cameron Sexton y el líder del Senado Jack Johnson, tipificaría como delito grave que funcionarios estatales o municipales revelen información confidencial que ponga en peligro operativos migratorios.
La iniciativa surge poco después de una serie de redadas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nashville, que resultaron en casi 200 arrestos y generaron una ola de tensión entre autoridades locales y estatales.
Durante esos días, el alcalde de Nashville, Freddie O’Connell, actualizó una orden ejecutiva para que toda comunicación entre funcionarios municipales e ICE se reportara con mayor rapidez. Además, su oficina publicó un documento en línea con dichas interacciones, que originalmente incluía nombres de agentes. Aunque la información fue corregida poco después, el hecho encendió las alarmas entre los republicanos.
La reacción fue inmediata. Sexton acusó a O’Connell de “poner en peligro la vida de los agentes”, mientras Johnson insistió en que la prioridad debe ser “la seguridad pública, no el activismo político”.
El proyecto de ley convertiría en delito grave de Clase E la “divulgación negligente” de información que identifique a agentes federales involucrados en operativos migratorios. Esta falta podría resultar no solo en prisión, sino también en la expulsión del cargo público.
Asimismo, ampliaría las protecciones de la Ley de Registros Públicos del estado para blindar a oficiales encubiertos y operaciones sensibles.
La senadora federal Marsha Blackburn también presentó una propuesta similar a nivel nacional. Su iniciativa, presentada el 4 de junio, lleva por nombre Ley para la Protección de las Fuerzas del Orden contra el Doxing, y busca castigar con hasta cinco años de prisión a quienes publiquen nombres de agentes con el supuesto fin de obstruir investigaciones.
Aunque el término doxing suele referirse a la publicación de datos personales en internet, los republicanos han extendido el concepto para incluir nombres de agentes federales divulgados en contextos administrativos.
Freddie O’Connell, por su parte, ha evitado responder directamente a las acusaciones. Su silencio no ha impedido que la presión siga creciendo: el congresista Andy Ogles y otros republicanos federales han pedido una investigación formal sobre su conducta, la cual fue oficialmente abierta el 30 de mayo.
Mientras tanto, la comunidad no ha permanecido indiferente. Manifestantes, defensores de los derechos de los inmigrantes y residentes de Nashville han realizado protestas frente a las oficinas de ICE y han acompañado al senador Cory Booker en su visita a la ciudad, exigiendo transparencia y respeto a los derechos civiles.
Con respaldo de altos mandos republicanos del Senado estatal, como el vicegobernador Randy McNally y el senador Bo Watson, el proyecto será debatido en la sesión legislativa de 2026. A pesar del apoyo político, la propuesta plantea serios cuestionamientos sobre el equilibrio entre seguridad nacional, transparencia y derechos civiles.
¿Es proteger a los agentes o silenciar a los gobiernos locales? La línea entre seguridad y opacidad, como tantas veces, se vuelve difusa.
