En medio de un clima político cada vez más tenso en torno a la inmigración, legisladores republicanos de Tennessee empujan dos proyectos de ley que podrían cambiar de forma significativa el papel de los alguaciles en todo el estado. La pregunta es directa: ¿hasta dónde llegará la colaboración con las autoridades federales?
El primero de estos proyectos, identificado como SB1486/HB2018, ya dio un paso clave. Fue aprobado en el Senado estatal con una votación de 27 a 5, siguiendo estrictamente líneas partidistas. La propuesta, impulsada por el senador Brent Taylor, de Memphis, y el representante Mark Cochran, obliga a los alguaciles que ya tienen acuerdos federales a retener a detenidos solicitados por ICE por al menos 48 horas adicionales después de su fecha de liberación.
No es una medida para todos… todavía. Esta ley aplica únicamente a los departamentos que participan en los llamados acuerdos 287(g), un programa que permite a agencias locales ejercer funciones de inmigración. Actualmente, cerca de la mitad de los alguaciles en Tennessee se han sumado a esta iniciativa, en un contexto de expansión nacional del control migratorio.
Pero el segundo proyecto de ley va más allá. Mucho más allá.
La propuesta SB2223/HB2219, presentada por el líder de la mayoría Jack Johnson y el representante Johnny Garrett, busca obligar a todos los alguaciles del estado a firmar esos acuerdos federales. De no hacerlo, los departamentos podrían perder financiamiento estatal. Esta medida será discutida en comité la próxima semana.
Y ahí es donde comienza la fricción.
A pesar de que el liderazgo republicano ha destinado 5 millones de dólares para apoyar a las agencias locales en estas tareas, decenas de alguaciles han optado por no participar en el programa 287(g). La razón principal: el costo. No solo económico, sino también legal.
El senador demócrata Jeff Yarbro, de Nashville, lo dejó claro. Explicó que una versión anterior del proyecto obligaba a todos los condados a retener detenidos migrantes, pero el costo estimado 5.4 millones de dólares anuales obligó a modificar la propuesta.
“La consecuencia de nuestra acción sigue siendo transferir aproximadamente 5 millones de dólares en costos no compensados a los gobiernos locales”, advirtió Yarbro.
Y no es un cálculo menor. Las agencias locales deben cubrir gastos de alojamiento, equipo adicional y, en algunos casos, enfrentar litigios por detenciones indebidas. Experiencias pasadas han dejado huella.
Por su parte, el senador Brent Taylor evitó entrar en ese terreno. “Lo que hagamos en otro proyecto de ley en el futuro no tiene nada que ver con este”, respondió al ser cuestionado sobre el impacto financiero.
Mientras tanto, el estado ya ha comenzado a mover piezas. El año pasado se creó la División Centralizada de Control de la Inmigración, encargada de distribuir fondos a agencias que colaboran con ICE. Hasta ahora, solo se han entregado 900 mil dólares a siete departamentos del sheriff.
Todo esto forma parte de la agenda “Inmigración 2026”, diseñada por republicanos de Tennessee en coordinación con el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller. El presidente de la Cámara estatal, Cameron Sexton, lo dijo sin rodeos: buscan que Tennessee se convierta en modelo nacional.
