Nashville, Tennessee — Bajo una creciente presión pública y con el tiempo agotándose en la sesión legislativa, legisladores republicanos de Tennessee suspendieron temporalmente un polémico proyecto de ley que buscaba condicionar el acceso a la educación pública al estatus migratorio de los menores.
La medida, impulsada por el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, William Lamberth, fue detenida este lunes, mientras se solicita orientación a las autoridades federales sobre si su aprobación podría poner en riesgo los más de 1,100 millones de dólares que el estado recibe anualmente en fondos federales para educación.
“Queremos ser extremadamente cuidadosos antes de proceder, para asegurarnos de que no se ponga en riesgo el dinero de los contribuyentes federales”, afirmó Lamberth, aunque aseguró confiar en que la administración Trump no habría bloqueado los fondos.
La decisión de frenar el avance del proyecto fue reportada por primera vez por el Tennessee Journal y llega tras meses de intensas protestas, que incluyeron manifestaciones de cientos de niños en el Capitolio estatal. Con lágrimas en los ojos, muchos estudiantes contaron en comités legislativos el temor de que ellos o sus compañeros fueran expulsados de la escuela, una realidad que los ha marcado profundamente.
Una propuesta contra el precedente legal
El proyecto de ley, en sus distintas versiones aprobadas en el Senado y pendientes en la Cámara, pretendía exigir comprobante de residencia legal para inscribir a estudiantes desde preescolar hasta secundaria. Además, permitiría aunque no obligaría a los distritos escolares a rechazar la matrícula de alumnos sin documentación adecuada o a cobrarles por asistir a la escuela.
Esta propuesta representa un claro intento por socavar la histórica decisión de la Corte Suprema en el caso Plyler v. Doe(1982), que estableció que todos los niños, sin importar su estatus migratorio, tienen derecho a una educación pública gratuita. La decisión se tomó con un estrecho margen de 5 a 4, lo que ha sido utilizado por sectores conservadores como argumento para promover su revocación en la actual Corte Suprema, misma que ya ha demostrado disposición a revertir precedentes, como ocurrió con el derecho al aborto.
Impacto y reacción
Líderes conservadores, como el influyente grupo The Heritage Foundation, han intensificado la presión sobre los estados para que desafíen directamente el fallo de Plyler v. Doe. Tennessee ha sido uno de los estados donde esta estrategia ha encontrado más eco entre legisladores republicanos.
No obstante, la respuesta ciudadana ha sido contundente. Organizaciones de derechos civiles y educativos, junto a estudiantes y familias, han denunciado el proyecto como una violación flagrante a los derechos humanos y un acto de discriminación institucional.
“Los legisladores se han visto obligados a reconocer la abrumadora oposición bipartidista de todo el estado a la discriminación contra los niños y a negarles la educación”, expresó Lisa Sherman Luna, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee.
Aunque la medida fue detenida por ahora, líderes comunitarios advierten que la amenaza no ha desaparecido. La propuesta podría revivir en futuras sesiones legislativas si el panorama político o judicial cambia.
Mientras tanto, los defensores del derecho a la educación se mantienen vigilantes, celebrando la suspensión como una victoria parcial, pero recordando que la lucha por una educación inclusiva y equitativa para todos los niños sigue en pie.
