Memphis, Tennessee — En un fallo que podría redefinir los límites del poder estatal frente a decisiones federales, una jueza de Tennessee bloqueó temporalmente el uso de la Guardia Nacional en Memphis, parte de la operación contra el crimen impulsada por el presidente Donald Trump. Pero, en un giro inesperado, la misma jueza decidió suspender su propia orden por cinco días, dando al gobierno una ventana crucial para apelar.
La decisión proviene de la jueza Patricia Head Moskal, del condado de Davidson, quien coincidió con los funcionarios demócratas locales y estatales que demandaron al gobernador republicano Bill Lee. Ellos argumentan que el gobernador no puede autorizar el despliegue de la Guardia Nacional para controlar disturbios civiles sin la existencia de una “rebelión o invasión”, y que incluso en esos casos, la Legislatura estatal debe aprobar la acción.
Los demandantes también señalaron otra disposición clave: en ciertos escenarios, como un “quebrantamiento del orden público”, el gobierno local tendría que solicitar formalmente la presencia de la Guardia Nacional, algo que, aseguran, nunca ocurrió.
Moskal determinó que los demandantes tienen fuertes probabilidades de ganar la demanda, al sostener que el despliegue viola el código militar del estado y que existe un riesgo real de daño irreparable si la orden judicial no entra en vigor. Aun así, mantuvo la suspensión por cinco días sin ofrecer mayor explicación.
El estado sostiene que la ley de Tennessee da al gobernador autoridad amplia para decidir cuándo y dónde desplegar a la Guardia Nacional. Pero la jueza fue clara: ese poder “no es ilimitado”.
En una declaración publicada en X, el alcalde del condado de Shelby, Lee Harris —uno de los demandantes— celebró el fallo.
“La orden judicial no entra en vigor de inmediato y el estado puede solicitar permiso para apelar”, escribió. “Sin embargo, es un paso positivo para garantizar que el estado de derecho se aplique a todos, incluyendo al Gobernador”.
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, cuyo equipo representa a los demandantes, calificó la decisión como “una contundente afirmación de que nadie —ni el presidente ni el gobernador— está por encima de la ley”.
Hasta el lunes por la noche, la oficina del gobernador y la fiscalía general del estado no habían respondido a solicitudes de comentarios.
Mientras tanto, las tropas ya están en Memphis. Llegaron el 10 de octubre y desde entonces han patrullado barrios y zonas comerciales, incluyendo los alrededores de la icónica Pirámide en el Downtown. Visten uniformes de camuflaje y chalecos antibalas marcados como “policía militar”, aunque las autoridades aseguran que no tienen autoridad para realizar arrestos.
La Guardia Nacional forma parte del Grupo de Trabajo para la Seguridad de Memphis, creado por orden del presidente Trump junto con múltiples agencias federales. Desde que inició operaciones, el grupo ha realizado más de 2,500 arrestos por delitos que van desde cargos por drogas y armas hasta órdenes de inmigración y casos de homicidio.
Memphis ha enfrentado años de índices elevados de violencia. Aunque este año algunos delitos, incluyendo los homicidios, muestran mejoras, la preocupación por la seguridad continúa siendo una realidad diaria para muchas familias.
El gobernador Lee ha defendido el despliegue desde el inicio. Ha reiterado que, como comandante en jefe, tiene autoridad para autorizar la misión en Memphis bajo el Título 32. Su oficina insiste en que esta colaboración entre gobiernos federal, estatal y local representa “una oportunidad histórica” para mejorar la seguridad pública.
El alcalde de Memphis, Paul Young, dijo que nunca solicitó el uso de la Guardia Nacional, aunque ha pedido que los recursos se enfoquen en detener a delincuentes violentos. Según Young, alrededor de 150 miembros de la Guardia participan en las operaciones actuales.
A pesar de que ambas partes reconocen que el gobernador no emitió una orden formal para activar la Guardia, sino una declaración, la controversia sigue creciendo. Lo que pase en los próximos cinco días podría definir no solo el futuro del despliegue, sino también el alcance del poder ejecutivo en Tennessee.
