En medio de un debate intenso y cargado de posturas encontradas, los legisladores de Tennessee dieron luz verde a una medida que podría cambiar de forma radical la manera en que los ciudadanos defienden lo que es suyo.
La Cámara de Representantes aprobó el pasado 23 de abril el proyecto de ley HB 1802, apenas dos días después de que el Senado hiciera lo propio con la versión SB1847. Ahora, la decisión final queda en manos del gobernador Bill Lee, quien deberá definir si promulga o no esta legislación.
Si se convierte en ley, los propietarios en Tennessee podrán utilizar fuerza letal en situaciones específicas: para impedir entradas ilegales, allanamientos, incendios provocados, daños a la propiedad incluyendo al ganado, robos, hurtos o incluso casos de crueldad animal agravada. Un cambio que, para algunos, refuerza el derecho a la defensa; para otros, abre una puerta peligrosa.
El representante republicano Kip Capley, de Summertown y patrocinador de la medida, lo planteó sin rodeos:
“En esencia, plantea una pregunta simple: ¿Confiamos en los ciudadanos que cumplen la ley o nos ponemos del lado de los criminales que se aprovechan de ellos?”, afirmó.
Capley fue más allá al criticar la ley actual: “Hoy se espera que usted dude, que reflexione mientras alguien destruye lo que le costó toda una vida construir. Este proyecto simplemente dice: si alguien está destruyendo su propiedad, usted puede usar fuerza letal para protegerla”.
Pero no todos están de acuerdo.
Desde la otra orilla política, el representante demócrata Justin Pearson, de Memphis, advirtió sobre las consecuencias de reducir el umbral para el uso de la fuerza mortal.
“Nos enseñaron que no se mata a nadie por la propiedad. Esta legislación cambia eso de manera significativa… y no creo que eso sea correcto”, expresó, dejando ver una preocupación que va más allá de la política: el valor de la vida humana frente a los bienes materiales.
La medida incluye una limitación importante: prohíbe el uso de fuerza letal contra una persona que esté de espaldas al propietario. Un detalle que intenta poner freno a posibles abusos, aunque no logra disipar todas las inquietudes.
Si el gobernador firma la ley, entraría en vigor el 1 de julio de 2026.
